Es hora de que los EE.UU. cambien sus hábitos

por Abraham F. Lowenthal

29 de diciembre de 1999
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Tres hechos recientes, completamente independientes pero partes de un todo, ilustran vívidamente cuán difícil y necesario es que los Estados Unidos dejen de lado hábitos del Siglo XIX cuando el Siglo XX acercándose a su fin.

La transferencia simbólica del Canal de Panamá al gobierno panameño, el acuerdo del Pentágono de discontinuar escalonadamente la utilización de la isla puertorriqueña de Vieques como polígono de tiro y la decisión del Departamento de Justicia de seguir los procedimientos establecidos en el caso de Elián González -el niño cubano de seis años rescatado de las aguas de Florida después de que su madre y otros se ahogaron tratando de llegar a los Estados Unidos desde Cuba- son todos eventos que reflejan la tensión entre modelos muy arraigados y las nuevas realidades.

Al transferir la Zona del Canal de Panamá, Washington ejecuta de buena fe el tratado Carter-Torrijos de 1977. Al hacerlo, los EE.UU. reconocen, a pesar de la, feroz oposición pública de algunos sectores, la soberanía de Panamá sobre su territorio nacional, incluso la Zona del Canal de Panamá, de 82 km (51 millas) de extensión, donde los Estados Unidos han actuado como si fueran soberanos desde 1903.

Si bien algunas personas de los Estados Unidos aún creen que el canal y la Zona del Canal deberían ser operados para siempre por estadounidenses, el gobierno de los EE.UU., al transferir todas sus instalaciones y la autoridad a Panamá, ha eliminado un vestigio colonial que por muchos años enturbió las relaciones interamericanas.

En Vieques, frente a la costa este de Puerto Rico, se necesitó la muerte accidental del guardia de seguridad civil David Sanes Rodríguez para movilizar la fuerte oposición puertorriqueña a que la Marina de Guerra de los EE.UU. continuara utilizando la isla inhabitada como polígono de tiro con munición real. El sentimiento puertorriqueño al respecto, manifestado en forma creciente, finalmente captó la atención de Washington y forzó al Pentágono a buscar vías alternativas para adiestrar a las fuerzas de los EE.UU.

En el caso de Elián González, el gobierno de los EE.UU. resistió el instinto político y emocional de conceder asilo inmediato al niño en Florida, aplacando de esa forma a la comunidad de exilados allí, y confiar en los procedimientos y precedentes establecidos para determinar la suerte del niño. Ninguna solución parece satisfactoria para este caso desgarrador, pero por lo menos los Estados Unidos no están haciendo valer el derecho de sobrepasar leyes y convenios nacionales e internacionales para anotarse puntos contra Fidel Castro o actuando sobre el supuesto de que los estadounidenses saben mejor qué beneficia más a los intereses de Elián.

Todos estos episodios, sin embargo, han sido difíciles para el cuerpo político estadounidense. En Panamá, el presidente Clinton no solo declinó asistir a la ceremonia, sino que también permitió que la Secretaria de Estado Madeleine Albright se excluyera de la misma, desairando a Panamá y minimizando un evento internacional importante, para evitar la potencial crítica interna.

En Vieques, se necesitó la intervención presidencial para empujar a la Marina de Guerra de los EE.UU. a reconocer la fuerza y extensión de la oposición puertorriqueña a que su territorio fuera bombardeado a diario. Más aún, todo el episodio señala la anormalidad de la "condición de Estado Libre Asociado" de Puerto Rico, que requiere el pago de impuestos y muchas otras obligaciones, sin representación en el Congreso de los EE.UU.

En el caso de Elián González, el instinto inicial de los funcionarios de los EE.UU. fue hacer valer el derecho de los EE.UU. de separar al niño de su padre, violando la ley de familia de los EE.UU. y los acuerdos pertinentes de migración entre los EE.UU. y Cuba.

La aplicación de la ley demandó valor político y burocrático y el caso aún está sujeto a presiones extraordinarias.

Lo que vincula a los tres casos es la necesidad de los conductores de los EE.UU. de superar actitudes modeladas un siglo atrás, cuando los Estados Unidos se convirtieron por primera vez en un actor importante en el escenario mundial, precisamente por proyectar su poder creciente en la Cuenca del Caribe y América Central. Han transcurrido más de 100 años desde la Guerra Hispano-Norteamericana, pero el modelo de las relaciones de los EE.UU. con los pequeños países al sur de su frontera ha sido difícil de vencer. En incontables oportunidades los EE.UU. han intervenido utilizando fuerzas militares, manipulación encubierta, influencia financiera o guiado político.

Los Infantes de Marina de los EE.UU. desembarcaron más a menudo en esas tierras durante los años '20, pero aún en los 50 últimos años, hubo un repetido intervencionismo de los EE.UU. en Cuba, la República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Muchos funcionarios y parte del público estadounidenses aún piensan que la Cuenca del Caribe está bajo la esfera de influencia de los EE.UU., donde sólo Washington establece las reglas, determina el desarrollo que cree mejor y actúa en concordancia.

Las decisiones de transferir el control del Canal de Panamá, finalizar el bombardeo de Vieques y aplicar la ley en el caso de Elián González son signos pequeños, pero quizás muy significativos, de que los estados Unidos pueden estar listos a tratar con otros países sobre la base del respeto mutuo y la cooperación, y no por imposición, mandato o fuerza. Si es así, los Estados Unidos serán más capaces de afrontar los complejos desafíos del Siglo XXI.

Se necesitará un alto nivel de cooperación internacional para tratar asuntos tales como el intercambio comercial, el medio ambiente, el terrorismo, las drogas, las enfermedades infecciosas, la proliferación de las armas, la protección del ciberespacio y la preservación de los recursos naturales.

Si supera hábitos pasados de moda, los Estados Unidos tendrán más posibilidades de éxito.

Abraham Lowenthal, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Sur de California, es el presidente fundador del Pacific Council on International Policy (Consejo del Pacífico en Política Internacional).