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THE PUERTO RICO HERALD

Los hispanos advierten al Congreso: Dejen de amenazar a Puerto Rico debido a Vieques

26 de enero de 2000
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En una carta con tono agresivo dirigida al liderazgo del Senado de Estados Unidos, la Coalición Hispana para la Auto-Determinación de Puerto Rico hizo un llamado a ese cuerpo legislativo para que dejen de formular amenazas de consecuencias adversas para Puerto Rico si ese territorio norteamericano se rehusa a someterse a la voluntad de la Naval de Estados Unidos en lo que respecta el futuro de las prácticas de tiro al blanco sobre la isla de Vieques. En un anuncio de toda una página que apareció en las publicaciones del Capital Hill, la Coalición sometió una serie de preguntas al Congreso, una de las cuales fue: "¿Cómo puede un territorio, controlado por el Congreso, proteger su población contra bombas de 500 libras lanzadas por pilotos que recién están aprendiendo a usarlas... y cómo puede obligar a la Naval de los Estados Unidos a respetar acuerdos que ahora admiten haber violado?"

El 19 de abril de 1999 un error durante las maniobras militares resultaron en una muerte y cuatro heridos entre los residentes de Vieques. Ese incidente desbordó el resentimiento de los puertorriqueños en torno al uso de sus parcelas en Vieques por parte de la Naval. Esto provocó demostraciones entre los 3.9 millones de ciudadanos norteamericanos en la isla en contra de la continuación de las maniobras de la Naval. En subsiguientes testimonios ante comités del Senado, oficiales de la Naval admitieron que, durante los 59 años en que han usado la isla de Vieques para sus prácticas militares, su comportamiento ha sido negligente. El territorio está lleno de minas sin explotar y, en algunas áreas, se ha depositado basura con cartuchos radioactivos de uranio. También, se ha registrado un nivel desproporcionalmente alto de casos de cáncer entre la población civil que vive cerca de las áreas de práctica (más de un 29%). La Naval admite haber desatendido los acuerdos suscritos en el Memorandum de Entendimiento de 1983 con el gobierno de Puerto Rico.

El gobierno de Clinton ofreció comenzar a reducir las operaciones en Vieques durante un plazo de cinco años y restringir la capacitación del personal al uso de dispositivos de salva, pero los líderes políticos de la isla han rechazado ese compromiso exigiendo un alto permanente a todo bombardeo aéreo o marino y el cese inmediato de las operaciones de la Naval en el área de práctica. La Coalición ha tomado la posición de que "Puerto Rico está ejerciendo su derecho legítimo de proteger la seguridad de los 9,300 habitantes que viven cerca del área de impacto".

El Congreso, que regresa esta semana de su receso de invierno, se unirá al debate. En el Comité de la Fuerzas Armadas del Senado, preocupados por el impacto que esto tiene en la capacitación oficial de las fuerzas de la Naval y de la Marina, se está planeando celebrar audiencias públicas. En una declaración emitida el 3 de diciembre de 1999, el Presidente del Comité, John Warner (R-Va.), renegó contra el hecho que los "líderes políticos (en Puerto Rico) están tolerando desobediencia civil". Continuó diciendo que esto marca "la primera vez en los 200 años de historia de la nación que Estados Unidos y sus territorios conscientemente han dado la espalda a su responsabilidad de capacitar plena y apropiadamente los que exponen sus vidas para proteger nuestros intereses nacionales". Otros miembros del Comité ya están lanzando recriminaciones contra Puerto Rico. El Senador James M. Inhofe (R-Oklahoma) advirtió que el resultado del rechazo de la isla a responder a las necesidades de la Naval en Vieques podría llevar al cierre de la Base Naval de Roosevelt Roads. La carta de la Coalición indica que "cualquier menoscabo o censura hacia los ciudadanos norteamericanos en Puerto Rico será considerado como un insulto contra todos los hispano-norteamericanos".

La Coaclición acusa al Congreso de estar "lidiando con un síntoma de un problema político profundamente crónico que tiene sus raíces en la relación colonial que existe entre Estados Unidos y Puerto Rico". La isla es todavía un territorio no-incorporado de Estados Unidos después de más de un siglo de ocupación norteamericana. La carta afirma que el conflicto sobre Vieques "está basado en el hecho que el Congreso ha fallado en sus intentos de proveer a Puerto Rico con un proceso a través del cual la isla pueda obtener un estatus político permanente. Nuestros con-ciudadanos en el territorio no cuentan con medios constitucionales para indemnizarse por injurias provocadas por el gobierno. Puerto Rico no cuenta con la representación en el Congreso que tienen cualquiera de los 50 estados de la unión para interceder en un conflicto de este tipo. Si fuera un país independiente, existiría algún tipo de acuerdo entre potencias soberanas que gobernaría el uso de la Naval de Estados Unidos de la controvertida base militar". La carta sugirió que en cualquiera de esos casos hipotéticos, el incumplimiento por parte de la Naval de los acuerdos suscritos sin duda habría sido provisto con acciones correctivas antes de que pudiera ocurrir ningún tipo de accidente como ese y la subsiguiente reacción del pueblo puertorriqueño.

En una declaración de prensa de la Coalición, Rick Donalina, Presidente Nacional de LULAC, dijo que "los hispanos en Estados Unidos deploran la manera en que Puerto Rico se ha visto amenazado con represalias económicas por parte de algunos Senadores Republicanos. Esa no es la forma de tratar un pueblo que ha servido con gran valentía en la defensa de nuestro país". La Coalición comprende de organizaciones hispanas nacionales de derechos civiles, incluyendo la Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos (LULAC), la Cámara de Comercio Hispana, el American G.I. Forum, la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas, el Foro Nacional de Política Hispana y la Asociación Nacional de Abogados Hispanos.

Francisco Ivarra, Comandante Nacional de American G.I. Forum, la organización de veteranos hispanos más grande en Estados Unidos, dijo que "los hispanos veteranos están sumamente molestos por las amenazas que se han emitido contra los ciudadanos en Puerto Rico. Los puertorriqueños han demostrado, con su valiente servicio en nuestras fuerzas armadas, que son patriotas que han sacrificado mucho por la defensa de nuestra nación. Es una seria preocupación que ahora no se les confiera el respeto y cortesía que se merece todo ciudadano norteamericano".

Los líderes de la Coalición renovaron su exigencia que el Congreso provea un mecanismo para que el pueblo de Puerto Rico pueda optar por un sistema político permanente. La sesión 105 del Congreso no logró proveer un proceso autorizando un plebiscito en Puerto Rico que ofreciera opciones de estatus aprobadas por el Congreso. "Esa falla", continúa la carta, "constituye un evasión de su responsabilidad legislativa y una violación de confianza, no sólo hacia los ciudadanos de Puerto Rico, sino también los más de 30 millones de hispano-norteamericanos en todo Estados Unidos". Andrés Tobar, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas puso énfasis indicando que: "Es hora de que el Congreso atienda a la verdadera causa del problema de Vieques -- el estatus de segunda clase de los ciudadanos en Puerto Rico. La comunidad hispana no descansará hasta que los puertorriqueños logren igualdad de derechos con sus con-ciudadanos en Estados Unidos".