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EDITORIAL
THE FLORIDA TIMES-UNION
La Armada entrega premios en el Caribe
4 de febrero de 2000
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reservados.
Sin embargo, no parece posible.
El gobernador del territorio estadounidense acordó
contra el pago de un precio permitir las actividades de
entrenamiento de la Marina en Vieques, una isla frente a las costas
de Puerto Rico, y también autorizar a los residentes a
decidir por medio de una consulta popular si el entrenamiento
debe continuar o no.
Aparentemente, esto significa que la Marina podrá enviar
un grupo de batalla de portaaviones a esta zona, donde las fuerzas
navales han estado desarrollando entrenamientos con municiones
cargadas durante casi 60 años.
La Marina es propietaria de ambos extremos de la isla de Vieques.
Pese a ello, aproximadamente 9.000 personas viven en una franja
central que se extiende a unas millas de distancia de la zona
donde se utilizan explosivos. Justamente el año pasado
una bomba errante mató a un guardia de seguridad civil
y desde entonces, varios grupos interesados comenzaron a exigir
que se dejen de utilizar armas cargadas.
Conforme lo dispuesto en el nuevo acuerdo, la Marina realizará
los entrenamientos utilizando armamento de salva, y reducirá
a la mitad la duración de los entrenamientos.
Los oficiales de la Marina explican que Vieques resulta ideal
a los fines del entrenamiento y que no es posible reproducir las
mismas condiciones en otro lugar.
El tema combina elementos de política local y de política
estadounidense. Sólo una pequeña minoría
de portorriqueños de acuerdo con una reciente votación,
3 por ciento-está a favor de la independencia, y el resto
se divide entre quienes desean convertirse en un estado y quienes
apoyan el status quo. Quienes desean ser independientes son los
que patrocinan la campaña contra la Marina.
El acuerdo establece que los portorriqueños deberán
votar aproximadamente el 1º de mayo de 2001.
En caso de que el voto favorezca los intereses de la Marina,
el gobierno federal pedirá al Congreso unos US$ 50 millones
para ayudar a Vieques, que se sumarán a los US$ 40 millones
que los Estados Unidos pagarán de inmediato por haberse
firmado el mencionado acuerdo temporario, explica el Washington
Post. En total, unos US$ 10.000 por residente, situación
que nuevamente lleva a pensar si no resultaría más
económico comprar los terrenos privados, incluso pagando
un sobreprecio.
Si la votación no beneficia a la Marina, ésta
deberá entregar en mayo de 2003 el extremo oriental de
la isla, donde se desarrolla el entrenamiento con munición
cargada.
Muchos periodistas no se han dado cuenta de que toda esta cuestión
no es más que un regalo de tierras, que los contribuyentes
estadounidenses deberán solventar. Además de los
US$ 40 millones en efectivo, el gobierno federal desea entregar
la mitad occidental de la isla, es decir unos 8.000 acres, a Puerto
Rico. Lo que significan otros US$ 180 millones.
En caso de que la votación no favorezca a los Estados
Unidos, el país terminará entregando a Puerto Rico
otros 8.000 acres en el extremo oriental de la isla.
Resulta obvio que los residentes de Puerto Rico desean expulsar
a la Marina y obtener millones de dólares en efectivo y
tierras que bien pueden valer miles de millones.
El Congreso debería rever el acuerdo propuesto y, a
menos que exista algún beneficio oculto para los contribuyentes,
es su deber detener toda esta cuestión, y forzar al gobierno
federal a buscar un plan alternativo más razonable y responsable.
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