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TIMES UNION
El plan para crear el estado No. 51 recibe un nuevo
impulso
El líder del Estado Libre Asociado urge
al Congreso a respaldar el esfuerzo liderado por la Casa Blanca
por Stewart M. Powell
2 de marzo de 2000
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WASHINGTON El miércoles pasado el Gobernador de
Puerto Rico Pedro Rosselló trató de convencer a
miembros del Congreso para que respaldaran un esfuerzo liderado
por la Casa Blanca que podría despejar el camino y lograr
que la antigua colonia española se transforme en el estado
No. 51.
Rosselló instó a los miembros de la Cámara
de Diputados y del Senado a que aprobaran una petición
de la Casa Blanca por US$ 2.500.000 destinados a garantizar un
extraordinario esfuerzo federal para dar por terminada la ambigua
situación política de Puerto Rico por ser estado
libre asociado de los Estados Unidos.
Rosselló comentó que espera que se organice una
conferencia en la Casa Blanca en la que se reúnan miembros
del Congreso y líderes políticos de Puerto Rico
para comenzar deliberaciones útiles que puedan culminar
en "una recomendación definitiva" para que se
realice un plebiscito vinculante en Puerto Rico que otorgue a
los votantes la posibilidad de elegir claramente entre la estadidad,
la independencia o continuar siendo un estado libre asociado.
Este esfuerzo respaldado por la Casa Blanca destinado a actualizar
la situación de estado libre asociado de Puerto Rico fue
como una compensación por el acuerdo al que llegaron Rosselló
y Clinton el 31 de enero para permitir que la Armada y el Cuerpo
de Marines pudieran reiniciar las maniobras de entrenamiento de
combate en la pequeña isla portorriqueña de Vieques.
El acuerdo sobre Vieques establece que Washington proporcionará
US$ 40 millones en asistencia económica para el desarrollo
de los 9.300 residentes de la isla, se reducirán los ruidosos
entrenamientos militares y se convocará a un referéndum
vinculante para decidir si la Armada podrá utilizar la
isla después de febrero de 2002. La Armada es propietaria
de dos tercios de Vieques.
Si los residentes votan para que la Armada abandone la isla,
la fuerza deberá retirarse antes de 2003. Si el voto de
los residentes permite el reinicio del entrenamiento de combate
con munición cargada, el plan establece que la Casa Blanca
y el Congreso deberán proporcionar otros US$ 50 millones
adicionales en asistencia.
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