Durante décadas aquellos que reivindican que el estado libre asociado es un estatus no territorial y no colonial han explotado las ambigüedades percibidas en la ley y en la política federal como prueba para respaldar sus argumentos. Esta ambigüedad pronto llegará a su fin ya que la proposición de que el estado libre asociado es un estatus no colonial y no territorial se debate, actualmente, en Washington.
Washington, nunca ha tomado seriamente la noción de que Puerto Rico, de alguna forma, pueda lograr un estatus no colonial sin tener que enfrentarse ante la difícil elección entre la estadidad y la soberanía separada. Pero a nadie le importó realmente si los puertorriqueños querían amortajar la pregunta del estatus en la ambigüedad política y legal y pretender que un estatus colonial indefinido era lo mejor de los dos mundos.
Pero este acertijo también sacó de apuros al Congreso, al no verse en la obligación de tomar decisiones difíciles en cuanto a completar el proceso de descolonización, que comenzó para Puerto Rico en 1950, pero que continúa incompleto. Si la ambigüedad era aceptable para Puerto Rico, redimiendo el poder del Congreso para que hiciera su voluntad con Puerto Rico bajo la cláusula territorial, ¿por qué el Congreso no fomentaría la ambigüedad?
Esto es exactamente lo que hizo el Congreso en 1950 al auspiciar un referéndum para establecer el estado libre asociado, sin incluir la estadidad o la independencia en la papeleta. Esto no fue una votación de estatus, pero el Congreso aceptó esta verdad a medias, posteriormente incluida como la Resolución 748 de las Naciones Unidas, esta aprobación del estado libre asociado, de cierta forma, constituye el consentimiento del pueblo. En realidad, el estado libre asociado es un estatus territorial que permite el consentimiento del pueblo sólo hasta donde lo permitió un Congreso en el que no estamos representados.
Sin embargo, ya que la ambigüedad en estos puntos se inclinó a conservar el status quo durante el período de la Guerra Fría, Washington, se inclinó a favorecer la ambigüedad. Esto fue la salvación política de los que fingían que el estado libre asociado era un estatus no territorial. La ambigüedad sobre el estatus culminó en la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso del PPD versus Rodríguez, que describió a Puerto Rico como una "entidad política autónoma" soberana en asuntos que no están regidos por la constitución federal. Por supuesto, según el estatuto federal que establece el estado libre asociado y según la cláusula territorial de la constitución federal, todos los asuntos en Puerto Rico se rigen por la constitución, las leyes y los tratados de Estados Unidos si el Congreso así lo decide.
El debate por el proyecto de ley Young concluyó una era de ambigüedad y sirvió como base para una política posterior a la Guerra Fría sobre el estatus de Puerto Rico. De forma significativa, el presidente Clinton respaldó la aprobación del Proyecto Young, y le dejó saber al Congreso que lo firmaría en ley. Aunque el Senado aprobó la Resolución 279 en lugar de unirse a la Cámara en la aprobación del Proyecto Young, los líderes progresistas de ambos partidos aclararon que Puerto Rico continúa sujeto al poder congresional sobre los territorios. Ahora, los tribunales federales comienzan a responder a los desarrollos en las ramas políticas del gobierno federal al confirmar jurisprudencia bien establecida que rechaza sin ambigüedad la noción de que el estado libre asociado es un estatus no territorial y no colonial.
Una lista de medidas recientes para terminar las ambigüedades sobre el estatus de Puerto Rico incluye:
- El 19 de noviembre de 1999, un informe bipartidista por el liderato republicano y demócrata del comité congresional en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con jurisdicción sobre el estatus de Puerto Rico concluyó que "el Congreso retiene la plena autoridad bajo el articulo IV, sección 3, cláusula 2 de la Constitución de Estados Unidos para determinar la disposición final del estatus de Puerto Rico y sobre los ciudadanos de Estados Unidos que residen en la isla". Este informe demuestra que la aplicación continuada de la cláusula de los poderes territoriales a Puerto Rico es ambigua, y esto no cambiará indiferentemente del resultado de las elecciones locales o nacionales este año.
- El 8 de febrero del 2000, un panel de tres jueces del Primer Tribunal de Circuitos en Boston emitió una opinión en el caso Dávila versus Lockheed, redactada por el juez presidente Torruella, que reconoció el caso de Harris vs. Rosario de 1980 como el caso control del Tribunal Supremo de Estados Unidos que confirma - al igual que el Proyecto Young y la Resolución 279 del Senado - que Puerto Rico continúa sujeto al poder pleno del Congreso.
- El 5 de abril del 2000, cuatro líderes congresistas que presiden paneles con jurisdicción sobre el estatus de Puerto Rico trasmitieron una respuesta formal a la Resolución 90, adoptada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico menos de un mes antes. Esta carta le recuerda al Congreso y a Puerto Rico que la única legitimidad que el estado libre asociado puede reclamar es su aceptación hace cinco décadas en un referéndum en la isla que contó con el auspicio del Congreso y que requería la aprobación de la mayoría (Sección 2 de P.L 600). Por ende, el voto de la mayoría es el estándar de la autodeterminación según la ley federal, en lugar del estándar de pluralidad según la ley local en 1993. Debido a que el estado libre asociado ha recibido una aprobación por menos de la mayoría en las últimas dos elecciones a nivel local, los líderes congresistas concluyen que una elección con el auspicio federal para continuar el estado libre asociado, la estadidad o la independencia es necesario "legal y moralmente" con el fin de restaurar la legitimidad del status quo hasta que se logre una resolución de estatus permanente.
Estos desarrollos históricos representan una "conversión armónica" de la ley y de la política federal, poniéndo fin a la ambigüedad que ha ayudado a posibilitar una campaña de 50 años de desinformación sobre la naturaleza legal y constitucional de la ciudadanía de Estados Unidos y del estatus de Puerto Rico según el estado libre asociado. Es en este nuevo ambiente político y legal que aquellos que afirman que el estado libre asociado es o puede transformarse en un estatus no colonial y no territorial, deben prepararse para defender su ideología.
Finalmente, si bien algunos podrían pensar que el juez Torruella y sus dos compañeros jueces sénior fueron demasiado lejos en el fallo sobre el caso Dávila, en realidad demostró considerable restricción en limitar sus decisiones a los estatutos aplicables y a los hechos.
Herbert Brown es presidente de la Fundación Educativa de Ciudadanos.
