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1 de mayo de 2000
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SAN JUAN, Puerto Rico - Puerto Rico está construyendo su nueva infraestructura, poniendo fin al control gubernamental de las ganancias e intentando convertirse en un centro para el comercio global, las finanzas y los viajes.

El esfuerzo para estimular las privatizaciones y la economía en toda la isla, favorecido por la actual prosperidad de los Estados Unidos, motivó que Moody's Investors Service elevara a positiva la calificación en perspectiva de las obligaciones generales pendientes de la deuda de $ 4.800 millones de dólares del Estado Libre Asociado (ELA).

"El pronóstico positivo refleja una tendencia de éxito en la reducción del empleo público y en la implementación de importantes reformas financieras", de acuerdo con un informe emitido en marzo por la agencia calificadora.

Uno de los principales factores de dicho éxito, opinan los observadores, es el Banco de Desarrollo del Gobierno de Puerto Rico (BDG), que opera desde hace 58 años y lucha por posicionar competitivamente al ELA en la economía mundial, desarrollando su infraestructura física, social y económica.

El proyecto Golden Triangle (Triángulo Dorado), que comprende el desarrollo de 110 acres en el área de San Juan, tiene una importancia central en estos esfuerzos. El proyecto incluye el Distrito del Centro de Negocios y Convenciones de Puerto Rico, donde se instalará un centro mundial de negocios, dos hoteles, tiendas, restaurantes, un cine, un centro de enseñanza para niños y edificios residenciales.

El banco, que actúa como banco central, agente fiscal y asesor financiero de las agencias del gobierno de la isla, tuvo un papel destacado en las reformas económicas del gobernador Pedro Rosselló.

En el presente año fiscal, que termina el 30 de junio, el BDG está encaminado a facilitar la emisión de más de $ 4.300 millones de la deuda a largo plazo, colocándola en los niveles más altos de emisores en los EE.UU.

El status del ELA como emisor es aumentado por ley federal que se retrotrae a 1917, permitiendo que la mayoría de la deuda de Puerto Rico esté exenta de todos los impuestos a las ganancias federales, estatales y locales. En 1984, el Congreso requirió que toda la deuda de Puerto Rico cumpliera con el Internal Revenue Code, a fin de retener ese triple status de exención de tasas.

Uno profesional de las finanzas observó que las obligaciones generales (GO, sigla en inglés) de Puerto Rico se negocian con el mismo rendimiento de los papeles calificados como triple A en el mercado nacional, y que un alto porcentaje de los papeles del ELA está en manos de inversores de California, Nueva York y otros estados donde se pagan altas tasas. Los compradores en esos estado usan la deuda de Puerto Rico para diversificar sus tenencias sin diluir el status de exención impositiva de su portafolio.

Entre las privatizaciones más significativas que ostenta el banco, se encuentra la transacción por $2.250 millones de la Puerto Rico Telephone Co., que permitió la creación de un fondo de desarrollo de infraestructura de $ 1.200 millones que crecerá a medida que el gobierno se despoje de las acciones de la compañía de teléfono.

El titular del banco en ese momento, Marcos Rodríguez Ema, también conducía el comité de privatización de la compañía de teléfonos. A pesar de la oposición que produjo el primer anuncio del proyecto en 1997, la privatización se completó en el años fiscal 1999.

"El nuevo modelo económico promueve cambiar el rol del gobierno de proveedor de los servicios básicos al de facilitador de las iniciativas del sector privado", de acuerdo con la información suministrada por el banco a quienes invierten en títulos del gobierno. Es un proceso muy difícil en muchos niveles, incluyendo el político, pero vale la pena, según Susanna González, vocera del BDG. "Hay que tragar saliva y seguir adelante", explicó.

Desde su fundación en 1942, el banco ha participado en casi todos los principales proyectos de la isla. En los últimos años, el BDG asumió la obligación de conducir las iniciativas locales de privatización, como parte de un esfuerzo para expandir sus responsabilidades, pasando de un simple banco central a ser un auténtico banco de desarrollo.

El BDG actúa como oficial mayor de inversiones del gobierno puertorriqueño y es el administrador fiscal de la deuda de Puerto Rico. En ambas funciones, el banco evalúa la situación financiera general de un ente público y determina si puede permitirse vender su deuda para conseguir fondos para sus proyectos. Una vez que se llega a una decisión financiera, el banco sirve como "agente fiscal", coordinando la emisión de bonos.

Como agente fiscal, el banco también cumple las funciones bancarias, aunque sin fines de lucro. Con $ 8200 millones en activos y un capital de más de $ 1.500 millones, el GDG presta dinero de su propia hoja de balance con el propósito de estimular el desarrollo económico y no de generar ganancias. Un observador describió al BDG, que generó una ganancia neta de $127 millones en el período fiscal 1999, como un banco que tiene un solo cliente, el ELA.

"Ellos tienen una doble identidad, eso es lo que confunde a la gente", explicó John Hallacy, director de administración para la investigación de bonos municipales de Merrill Lynch & Co.

"La comunidad de inversores ve al banco como el administrador de la economía de Puerto Rico", un banquero de finanzas públicas que trabaja con el BDG expresó: "El banco es el facilitador primario del desarrollo económico".

De hecho, el BDG ostenta su propia calificación de A-plus, otorgada por Standard & Poor's, que es más alta que la calificación A que la agencia le asigna a las obligaciones generales de la deuda del gobierno puertorriqueño y el Baa1 que el ELA recibe de Moody's. Por consiguiente, los emisores que venden su deuda a través del BDG, también tienen calificaciones diferentes.

 Los principales líderes en la emisión de bonos, el trabajo de asesoramiento financiero y el desarrollo económico son 15º presidente del Banco, Lourdes M. Rovira, y su vicepresidente ejecutivo, Carlos A. Colón de Armas. Con ellos trabajan Gabriel F. Rivera, vicepresidente y director de la finanzas publicas, que supervisa la financiación de las corporaciones públicas y del gobierno central; Javier Ramos, el consejero del presidente en finanzas que tiene un papel destacado en la estructuración de acuerdos; y el tesorero José Casellas, que administra los fondos del banco y las agencias del gobierno con las cuales trabaja, al mismo tiempo que tiene funciones tales como negociar con todas las aseguradoras y con los contratistas del gobierno.

El vicepresidente Alexis Rivera maneja la oficina de Nueva York y es responsable las relaciones del banco con los inversores.

Las subsidiarias del BDG son el Fondo de Desarrollo del Turismo de Puerto Rico, Housing Finance Corp., Public Finance Corp. Development Fund y Capital Fund. Sus afiliadas incluyen la Puerto Rico Infraestructure Financing Authority y Municipal Financing Agency, así como la Caribbean Basin Projects Financing Authority y Puerto Rico Industrial, Tourist, Educational, Medical y Environmental Control Facilities Financing Authority, también conocida como AFICA, siglas en inglés.

Cuando financia proyectos a nivel local, el banco actúa como el prestamista, ejecutando contratos entre el gobierno local y su Municipal Financing Agengy. El BDG retira todos los préstamos de sus libros reuniéndolos para conseguir más crítica y venderlos en el mercado de bonos.