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17 de mayo de 2000
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Los derechos fundamentales de igualdad y dignidad, prometidos por las fuerzas militares americanas en 1898, le han sido negados a Puerto Rico durante más de 100 años. A los ciudadanos de Puerto Rico se les prometió que en un tiempo razonable se les concedería la igualdad con los demás estados de la Unión. El Congreso se reserva el derecho, y tiene la obligación moral, de asegurar la igualdad para el territorio estadounidense de Puerto Rico, una igualdad que sólo puede lograrse a través de la estadidad.

En 1998, el Congreso rechazó una solicitud de Puerto Rico de que se autorizase un referéndum federalmente reconocido sobre el status de Puerto Rico. En respuesta, Puerto Rico realizó un referéndum local, ofreciendo cinco opciones que aseguraron la confusión en lugar del consenso. El Congreso debe aceptar su obligación de proveer a los más de 4 millones de ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico un plebiscito autorizado federalmente, que solamente contenga opciones reconocidas por la Constitución.

Los recientes sucesos de Vieques no son más que un síntoma del problema del status político de Puerto Rico, un dilema que no debe continuar siendo ignorado. Los ciudadanos estadounidenses que viven en Vieques esperaron 60 años para hacer oír sus voces sobre un asunto federal de importancia crítica, los bombardeos de la Marina en Vieques. La buena noticia es que una resolución justa es posible, si el Congreso actúa con celeridad. Una acción inmediata es esencial para honrar los principios de la democracia y asegurar la seguridad nacional.

En enero, el presidente Clinton emitió dos directivas que resolverán el conflicto de Vieques, pero el Congreso todavía no las implementó. El desalojo de los activistas de los campos de entrenamiento de Vieques despeja el camino para que el Congreso y la administración continúen con la implementación de las directivas.

Conforme las disposiciones de Clinton, la Marina podría hacer uso limitado de las instalaciones -empleando munición inerte- durante tres años y de manera permanente -con munición real- si lo autorizan los ciudadanos americanos de Vieques en un referéndum local. Además, el gobierno federal otorgaría $ 40 millones en asistencia económica para la isla, y transferiría la parte occidental al gobierno de Puerto Rico.

El referéndum es el único foro mediante el cual los ciudadanos americanos de Vieques pueden hacer escuchar su voz en Washington. A diferencia de nuestros conciudadanos de los 50 estados, nosotros, los puertorriqueños no tenemos representación con derecho a voto en el Congreso, ni derecho a votar en las elecciones presidenciales.

Le pido a los miembros del Congreso que reconozcan la posición privilegiada que ellos y el electorado al que representan, disfrutan respecto a sus conciudadanos puertorriqueños. A través de sus representantes electivos, los ciudadanos de los 50 estados hacen conocer regularmente sus opiniones sobre los problemas que los afectan a través de las urnas, y a su vez, los representantes tienen poder para influenciar las políticas públicas.

Sin un voto en Washington, los ciudadanos americanos de Vieques no pudieron ejercer el poder político que nuestros conciudadanos americanos de los Estados regularmente usan para establecer reglas básicas a las operaciones de las instalaciones militares próximas a sus hogares. Esto ocurre a pesar del hecho que más de 200 mil americanos puertorriqueños lucharon en las últimas guerras, formando parte de las fuerzas armadas estadounidenses, y que 1206 americanos puertorriqueños murieron luchando por nuestro país, un índice per capita superior a la media de casi todos los estados de la Unión.

Avancemos con estas directivas, no sólo para resolver los problemas relativos a Vieques sino, lo que es más importante, para comprometernos en un diálogo más amplio sobre la relación que Puerto Rico tiene con los Estados Unidos.

En una expresión de buena voluntad para con los residentes de Vieques y los ciudadanos americanos de Puerto Rico, el Congreso debe apoyar la acción legislativa sobre estas directivas para Vieques. Esta es una cuestión de defensa nacional y de compromiso moral con los 4 millones de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y anhelan igualdad y dignidad.

Luis A. Ferré fue gobernador de Puerto Rico desde 1969 hasta 1972 y preside el Republican National Party de Puerto Rico desde 1975.