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Berríos fue condenado por violar la propiedad en Vieques y liberado después de permanecer unas horas en prisión

SAN JUAN (AP) — El Presidente del Partido de la Independencia Portorriqueña (PIP), Ruben Berríos y el ambientalista Jorge Fernández Porto fueron liberados de los tribunales de los Estados Unidos en Viejo San Juan después de permanecer en prisión durante seis y cuatro horas, respectivamente.

Berríos Martínez y Fernández Porto fueron condenados por violar la propiedad en el campo de tiro de la Marina de los Estados Unidos en Vieques, el martes pasado.

"A partir de hoy ya no habrá más Marina de los Estados Unidos en Vieques," informó Berríos Martínez a una multitud de simpatizantes que lo esperaban en la puerta de los tribunales.

El Magistrado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Juan Pérez Gimenez condenó a Berríos Martínez a seis horas de prisión y a Fernández Porto a cuatro horas de prisión de cumplimiento efectivo por haber violado la propiedad federal el 10 de mayo pasado. Ambos hombres eludieron la guardia militar e ingresaron al campo de práctica de tiro de Vieques para protestar por las maniobras que realiza la Marina.

Los activistas podrían haber recibido una condena de hasta seis meses en prisión. Berríos Martínez había manifestado el lunes antes de ingresar en el tribunal, que él y Fernández Porto asumirían su responsabilidad y que estaban "preparados para enfrentar cualquier veredicto."

Berríos Martínez y Fernández Porto cumplieron sus sentencias en una celda en el edificio federal en Viejo San Juan, custodiados por un marshal de los Estados Unidos.

Fernández Porto fue liberado a las 3:15 p.m. y Berríos Martinez a las 5:15 p.m.

El Gobernador Pedro Rosselló comentó que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos cumplió con su obligación al condenar a ambos líderes del movimiento por la independencia.

"Creo que el caso fue manejado de manera generosa y prudente para que la gente comprenda que violar las áreas de acceso restringido de la Marina de los Estados Unidos constituye un delito," explicó Rosselló.

El Magistrado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos expresó que él reconoció que Berríos Martínez estaba ejerciendo su derecho a expresar su disconformidad; derecho que también reconoció estaba siendo ejercido por la protesta pacífica que estaban llevando a cabo los simpatizantes de Berríos Martínez afuera de los tribunales. De todas maneras, Pérez Gimenez manifestó que para que la democracia sobreviva, las leyes se deben cumplir.

"Una sociedad sin leyes se autodestruirá," agregó. "Permítanme recordarles que estamos en el mismo bando; ustedes manifestando a su modo y yo al mío," Pérez Gimenez finalizó diciendo.

El juicio se desarrolló en la misma sala en la que Berríos Martínez fue condenado a tres meses de prisión por violar el campo de práctica de tiro de la Marina de los Estados Unidos en Culebra, hace 30 años.

Calderón obligada a implementar el Plan de Salud

por Iván Roman
12 de junio de 2000
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SAN JUAN, Puerto Rico -- El griterío de la cancha de basketball del complejo de viviendas públicas de El Prado no podría haber sido más fuerte que el que produjo el enfrentamiento político de la semana pasada.

El Gobernador Pedro Rosselló estaba distribuyendo tarjetas de salud a 50 beneficiarios, los primeros en Puerto Rico en recibir el seguro de salud pública para pobres, que ya se está implementando en 77 municipalidades. La Alcaldesa de San Juan, Sila María Calderón, que fue invitada a último momento, y que es candidata a gobernadora por el partido opositor, se retrasó y cuando llegó comenzó un duelo de cánticos opositores.

Permaneció en el acto durante 15 minutos. Rosselló no se dio por enterado de su presencia, y entonces se retiró, lo que produjo más griterío y confusión. Pero la atmósfera circense y las apariencias políticas no hacen más que enmascarar los verdaderos problemas que enfrenta la reforma de salud en la isla.

Hace tres semanas, el Poder Legislativo sancionó una ley imponiéndole la reforma de salud a Calderón -- para que la implementara en San Juan antes del 1º de julio. Los funcionarios municipales y estatales pertenecientes a partidos políticos opuestos no se ponen de acuerdo respecto de cuánto se debería contribuir al fondo -- US$ 66 millones contra los US$ 46 millones que la ciudad desea pagar -- para contratar seguros de salud privados para los 103.000 residentes elegibles de la isla.

El gobierno de la isla paga US$ 77 millones para solventar el seguro de salud de los 1.700.000 personas que ya lo tienen. Por lo tanto, Calderón manifiesta que el monto de US$ 66 millones que se debería pagar para los residentes de San Juan es "injusto." Si acepta realizar dicho pago, se vería obligada a cerrar las clínicas y hospitales de la ciudad y despedir a las personas que allí trabajan, una pesadilla que se repite en toda la isla a medida que se va efectivizando la transición hacia un sistema más privatizado de atención de la salud.

"Los residentes de San Juan deberían saber que la tarjeta de salud de San Juan se va a transformar en el mejor servicio de salud de todo Puerto Rico porque vamos a mantener las clínicas abiertas", comenta Calderón refiriéndose a la oposición del Partido Popular Democrático.

Cuando asumió como gobernador en 1993, mientras los funcionarios de los Estados Unidos intentaban resolver el problema del creciente número de personas sin seguro, Rosselló prometió una mejor atención de la salud para la isla. Comenzó a contratar planes de salud parecidos a los que ofrecen las HMO -Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud- en cinco compañías de seguro distintas para todas las personas que calificaran.

Para poder hacer frente al gasto, la administración del Partido Nuevo Progresista vendió prácticamente todos los hospitales y clínicas, algunos a precios muy bajos.

Algunas personas que ya tienen la tarjeta de salud manifiestan que les encanta no tener que esperar durante horas para ser atendidas en los atestados y deficientes hospitales públicos. Ahora obtienen sus medicamentos gratis. Rosselló indica cuáles son los resultados de la reforma de salud: más opción de médicos, más consultas odontológicas, una disminución en las tasas de mortalidad infantil y planes de vacunación con un alto grado de asistencia.

Quienes se oponen a Calderón manifiestan que si ella puede competir con los hospitales privados, entonces no tendrá que cerrar las clínicas municipales. El Senador Jorge Santini, el candidato del Nuevo Partido Progresista para reemplazarla en la Alcaldía, indicó que la nueva ley autoriza al organismo de recaudación de impuestos municipales de la isla a retener 17 por ciento del fondo general de San Juan para pagar los US$ 66 millones de las primas del seguro.

Sin embargo, Calderón amenazó con llevar el caso a la justicia para evitar esta situación. "Nos enfrentaremos en el foro apropiado cuando consideremos que ha llegado el momento," manifestó Calderón. "Por ahora, la tarjeta está llegando a San Juan."