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El mes pasado, Julio Fuentes, un juez de Nueva Jersey nacido en Puerto Rico, pasó a convetirse en el décimo miembro hispano del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, el segundo cuerpo judicial de mayor rango en el país. Su nombramiento por el Presidente Clinton es otra prueba de la creciente importancia de los latinos en Estados Unidos, alentando esperanzas que el próximo Juez del Tribunal Superior pueda ser un hispano.

El Juez Fuentes ciertamente forma parte de la élite judicial de la nación. Sin embargo, no es el primer puertorriqueño que es nombrado a formar parte del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos. Esa distinción le pertenece al Juez Juan Torruella, que durante décadas se ha destacado como un jurista influyente y efusivo con sus puntos de vista.

Juan Torruella nació en San Juan el 7 de junio de 1933. Se graduó de la Facultad de Comercio de Wharton en la Universidad de Pennsylvania en 1954. En 1957 recibió su grado de leyes de la Facultad de Leyes de la Universidad de Boston. Más tarde en su carrera, adquirió otros grados, incluyendo una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico y otra Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.

Torruella pasó sus primeros 15 años como abogado en la práctica privada. Luego, en 1974, el Presidente Ford lo nombró para ocupar un escaño en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico. Torruella se desempeñó como juez federal durante 10 años, hasta que fue nombrado por el Presidente Reagan a asumir un cargo en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.

El Primer Circuito tiene jurisdicción sobre los casos que se apelan en Puerto Rico, Maine, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island. Después de 10 años en Boston, donde está la sede del Primer Circuito, el Juez Torruella se convirtió en el Juez Supremo de ese tribunal en 1994, conviertiéndose así en el juez puertorriqueño de mas alto rango en la historia de los Estados Unidos.

Desde su posición como juez federal, a través de un influyente libro que escribió, así como numerosas presentaciones como orador, el Juez Torruella ha sido una voz poderosa y a veces controvertida en torno a los asuntos que afectan a Puerto Rico y a todo Estados Unidos.

De hecho, ha lidiado con muchos de los temas más candentes que enfrenta nuestra nación en la actualidad. En 1996 hizo entrega de una cátedra haciendo un llamado a una revisión de las políticas de drogas en el país. En una disertación titulada "Los intentos de un juez por racionalizar la controversia en torno a la llamada guerra contra las drogas", Torruella expresó su descontento con el énfasis en la ejecución de las leyes en vez de educación como un medio para prevenir el abuso de drogas. También argumentó en favor de la necesidad por un "verdadero debate nacional en torno a las drogas para crear consciencia y consenso en todo lo referente a esos problemas".

El Juez Torruella también tuvo oportunidad de examinar el controvertido tema de los bonos para las escuelas. En Maine, el gobierno estatal hace entrega de dinero a los padres para que envíen a sus hijos a escuelas privadas, siempre y cuando no sean instituciones religiosas. El año pasado se desafió esa práctica entre padres que solicitaron recursos para enviar a sus hijos a escuelas católicas. El caso llegó hasta el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos y el Juez Torruella negó la solicitud de los padres indicando que iba en contra de los designios de la Constitución. "En palabras simples, el estado no puede hacer negocio, directa o indirectamente, con escuelas religiosas", indicó en el informe de su opinión.

Sin embargo, en asuntos relacionados con Puerto Rico, el Juez Torruella ha sido aún más tajante en sus opiniones. En 1985 publicó El Tribunal Supremo y Puerto Rico: la doctrina de separación y desigualdad en que criticó con mucho énfasis la política de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, especialmente en la dimensión judicial de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. En su libro el Juez Torruella describe los Casos Insulares, una serie de decisiones del Tribunal Supremo a comienzos del siglo XX que ayudaron a definir el estatus de Puerto Rico. Torruella los compara con el caso de Plessy vs. Ferguson, a través del cual el Tribunal Supremo decidió introducir la doctrina de "separados pero iguales" para justificar la segregación racial. Esa decisión fue revertida en 1954 con el caso de Brown vs. la Junta de Educación, que sirvió de piedra angular para el movimiento de los derechos civiles.

Según Torruella, en el caso de Puerto Rico, a pesar de una necesidad imperante, todavía no se ha logrado revertir la decisión. En vez, "el Tribunal Supremo continúa aferrándose a los restos anacrónicos de ley constitucional de la edad de piedra que, a pesar de las doctrinas expuestas en los Casos Insulares, seriamente restringen los derechos de varios millones de ciudadanos y nacionales de los Estados Unidos".

En 1998, el Juez Torruella participó en una conferencia sobre el estatus de Puerto Rico que se celebró en la Universidad de Yale. Reflexionando sobre los 100 años de control de los Estados Unidos sobre Puerto Rico dijo: "La disparidad de derechos que ha sido el resultado de esta relación, en mi opinión, se ha relegado durante demasiado tiempo a trasbambalinas en pensamiento y diálogo constitucional de los Estados Unidos".

Recientemente tomó una decisión, en febrero del 2000, sobre un caso que lidiaba directamente con el estatus de Puerto Rico. El caso Dávila-Pérez vs. Lockheed Martin Corporation involucra a un miembro de las fuerzas militares que murió accidentalmente en la Base de la Naval Roosevelt Roads de los Estados Unidos en Puerto Rico. La viuda del difunto apeló una decisión previa basándose en el argumento de que el estatus del Estado Libre Asociado en Puerto Rico, tal como se definió en 1952, exime a la isla de las regulaciones que dictan la compensación federal para trabajadores gubernamentales en los territorios y posesiones de Estados Unidos. En su decisión, el Juez Torruella rechazó este argumento declarando que Puerto Rico "está sujeto al pleno control del Congreso bajo la cláusula territorial" de la Constitución de los Estados Unidos y que el "Congreso cuenta con exclusiva jurisdicción sobre las tierras que ocupa en Roosevelt Roads".

El Juez Torruella ocupa una posición poco común. Como puertorriqueño es un gran defensor de la igualdad de derechos para el pueblo de la isla. Como juez federal, ha jurado defender la Constitución de los Estados Unidos. Esa dualidad de identidad ha afectado toda su carrera y ha llevado a Torruella a concluir que Puerto Rico necesita lograr, de acuerdo con la Constitución, un estatus político permanente con derechos plenos para todo su pueblo.

Sin embargo Juan Torruella se mantiene, en gran parte, por encima de las polémicas, renuente a favorecer posiciones en el debate en torno al estatus político que ha llamado "interminable y circular". "Si hay algún mensaje que espero que lleve este libro", escribió en El Tribunal Superior y Puerto Rico, "es el siguiente: No importa lo que el futuro depare para la isla, su gente debe luchar por la igualdad que por tanto tiempo le ha eludido".