OPTIMISMO POR LA REUNION CON CLINTON SOBRE EL STATUS

SAN JUAN, Puerto Rico - Fue un momento histórico: la primera vez que un presidente estadounidense se sienta con dirigentes puertorriqueños de todas las ideologías, reunidos en la Casa Blanca, para dialogar sobre cómo resolver el ya centenario problema del status político de la isla.

Pero ahora que la "cumbre" del miércoles sobre el status terminó y todos están de regreso en Puerto Rico, en medio de una fuerte campaña contra la presencia de la Marina de los EE.UU. en Vieques, ¿realmente eso tiene algún valor?

Los presidentes de los tres partidos políticos puertorriqueños son optimistas. Pero el valor de la extraordinaria reunión convocada por el presidente Clinton es muy discutido. Sólo uno de los cuatro legisladores invitados se presentó y resulta evidente que el Congreso, que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, no legislará al respecto este año.

Funcionarios de la Casa Blanca informaron que tras la audiencia con los líderes puertorriqueños, Clinton planea proponer la definición de todas las opciones de status hacia fin de año. Este sería un paso muy importante hacia una solución, que podría ser implementada por la próxima administración.

"Para saber si resulta fructífera, tendremos que ver que hace el presidente", expresó Rubén Berríos, presidente y candidato a gobernador del Partido Independentista Puertorriqueño. "No quiero juzgar a las personas por lo que dicen, sino por lo que hacen""

En lo que atinente al status político de Puerto Rico, el Congreso hizo muy poco desde que los Estados Unidos tomaron en 1898el control de la isla, como botín de la Guerra Hispano-Americana. El Estado Libre Asociado (ELA), aprobado por el Congreso y ratificado por los puertorriqueños en 1952, surgió después de que Washington puso en claro que la independencia o la estadidad no estaban en consideración.

Para muchos, el status de ELA, que le confiere a Puerto Rico un grado de autonomía, pero coloca a la isla bajo la cláusula territorial de la Constitución de los EE.UU., no es otra cosa que una colonia disfrazada. Los 3,8 millones de habitantes de la isla son ciudadanos estadounidenses, aunque no pagan impuestos federales, ni tienen poder de decisión en las elecciones presidenciales o legislativas.

El año pasado, la ayuda federal se incrementó a $ 12 mil millones, contribuyendo al mantenimiento de un nivel de vida que está entre los más altos de Latinoamérica. Pero Puerto Rico también ha proporcionado más instalaciones militares que ningún otra parte de los Estados Unidos y , gracias a las exenciones fiscales y al mercado cautivo, fue durante décadas la principal fuente de ganancias de las compañías estadounidenses.

Reiterados intentos para cambiar el status quo fracasaron, tanto en el Congreso como en las consultas electorales.

Ahora, la Casa Blanca y algunas autoridades locales esperan poder superar el problema encontrando una manera en la que todos puedan participar en la negociación y confección de esas definiciones, dejando de lado tumultuosas campañas electorales o arreglos legislativos. El gobernador Pedro Rosselló, quien aspira a que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de la Unión, sugirió que un Grupo de Tareas del Ejecutivo clarifique las opciones de status antes de las elecciones del 7 de noviembre.

"El presidente fue claro al señalar que consideraba esto como su responsabilidad, y que ahora es el momento apropiado para hacerlo", explicó Rosselló.

Hace años que Rosselló se ocupa de este asunto. Cuatro años atrás, antes de asumir su mandato en 1993, Puerto Rico había pasado por el "Acta de Autodeterminación de Puerto Rico", que luego de meses de discusión fue a morir a una Comisión del Senado. Las definiciones de los líderes de la isla sobre estadidad, independencia y ELA mejorado pasaron apuros en el Congreso. Los legisladores se resistieron a aceptar un estado en el cual las escuelas enseñan en español, pusieron obstáculos a que se pagara más para igualar los beneficios federales y rechazaron cambios al ELA que fueron considerados inconstitucionales.

Y lo que es aún más importante: el Congreso rehusó comprometerse previamente a la aprobación de cualquier fórmula de status que se impusiese en un plebiscito. La preocupación de que la mayoría de los puertorriqueños se incline por el partido Demócrata llevó al fracaso otra ley de referéndum en 1991.

Cuando Rosselló inició su mandato, decidió ignorar al Congreso y realizó un plebiscito en noviembre de 1993, con la esperanza de presionar a Washington para que actúe. Pero los partidarios del ELA se impusieron por un ligero margen.

Ante el fracaso del proyecto de ley Young, que buscaba la realización de un referéndum sancionado por el Congreso y que fue aprobado por un sólo voto en la Cámara de Representantes para luego acabar en un cajón del Senado, el frustrado Rosselló convocó un nuevo plebiscito en diciembre de 1998.

Quienes apoyaban el ELA y otras fórmulas que inicialmente querían boicotear la consulta electoral acabaron venciendo a la estadidad: el 50% votó por "ninguna de las anteriores" y el 46% lo hizo a favor de la estadidad.

El año pasado, Rosselló apeló a las Naciones Unidas, causando un profundo malestar al declarar que, si fuera necesario, aceptaría la ayuda de Cuba para conseguir la autodeterminación de Puerto Rico. Acabó encontrando un aliado en la Casa Blanca, que a fin de año debe presentar un informe ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas sobre las medidas que ha tomado para descolonizar Puerto Rico.

Para el analista político Juan Manuel García Passalacqua, el informe a las Naciones Unidas fue el principal catalizador de la reunión realizada la semana pasada. Lo calificó como un "éxito absoluto" porque dará lugar a una nueva proclamación presidencial especificando en qué consisten las cuatro fórmulas - la independencia, el ELA mejorado, la estadidad y lo que se conoce como una "república asociada"- y cómo será elegida la fórmula ganadora. Esta sustituirá a la proclamación del ex presidente Carter, de 1978, que luego se convirtió en ley, abriendo la puerta a "futuros alternativos" para Puerto Rico.

"Las proclamaciones presidenciales suceden y sobreviven a cualquier presidencia", manifestó García Passalacqua.

Pero otros no están tan convencidos. Noel Colón Martínez, ex presidente de la Puerto Rico Bar Association, opinó que una reunión convocada por Clinton seis meses antes de terminar su mandato, virtualmente sin representación en el Congreso, era sospechosa. Puerto Rico tiene un solo representante sin voto en el Congreso, Carlos Romero Barceló. El estuvo junto a los dirigentes puertorriqueños reunidos en la Casa Blanca.

 Desde el año pasado, los críticos denuncian que la atención de Clinton al problema del status es una contraprestación a Roselló por haber aceptado sus controvertidas directivas que permiten que la Marina use el polígono de tiro en Vieques durante otros tres años. Rosselló participa en la campaña presidencial del vicepresidente Al Gore en Puerto Rico y se rumorea que tendrá un puesto en el gobierno de Gore.

"Básicamente se debe al deseo de Clinton de complacer pedidos de algunos amigos a los que les debe mucho", dijo Colón Martínez. "Puede haber algún seguimiento, pero no se comprometió a ello. Y sin el consentimiento del Congreso, no me parece que esos esfuerzos resulten particularmente útiles".

Como reacción al encuentro, el líder de la mayoría en el senado, Trent Lott, dijo que Clinton se estaba involucrando demasiado en una cuestión claramente inscripta dentro de la jurisdicción del Congreso. Sugirió que el presidente estaba tratando de ganar el voto hispano para los demócratas.

Pero Berríos, que asistió a la reunión durante su recuperación de una operación de próstata, sostuvo que pensaba que Vieques había sido el disparador. La intensa confrontación de Puerto Rico con Washington sobre el uso del campo de tiro, iniciada en abril de 1999, hizo que los problemas de la isla, entre ellos el del status, captaran mayor atención.

La alcaldesa de San Juan, Sila Calderón, defensora del status de ELA, llegó a decirle a Clinton que dialogar sobre el status carecía de sentido si antes no se resolvía la cuestión de Vieques.

"En este momento, ocuparse del procedimiento sobre el status carece de credibilidad porque aún no hemos resuelto la cuestión fundamental, a mi juicio, de las relaciones actuales entre los EE.UU. y Puerto Rico". Afirmó Calderón, candidata a gobernador del Partido Popular Democrático (PPD). "Es muy difícil construir algo mientras caen las bombas".

A pesar de que 122 militantes del PIP fueron detenidos el fin de semana por rehusarse a pagar fianza por invadir la propiedad de la Marina, Berríos admitió que la situación de Vieques no debería impedir las conversaciones con Clinton sobre el status.

"Sería la cosa más absurda de la historia de Puerto Rico usar a Vieques, el mayor símbolo del colonialismo en Puerto Rico, para no discutir nuestro colonialismo", ironizó Berriós.

No llegó a calificar a Calderón de obstruccionista, pero enfatizó que los políticos locales deben elevarse por encima de la retórica en este tema.

Los políticos que apoyan la estadidad no fueron tan generosos. Atacaron duramente a Calderón por haber sostenido que era inapropiado discutir el status cuatro meses antes de las elecciones.

A pesar de haber ganado hasta ahora todos los plebiscitos, los partidarios del ELA han estado a la defensiva en los últimos tiempos, ya que facciones internas del PPD que aspiran a estrechar vínculos con los Estados Unidos y aquellos que desean mayor autonomía luchan por alcanzar el poder. La actual propuesta de un "ELA mejorado" propone exenciones de las costosas leyes estadounidenses de transporte marítimo de mercancías y más autonomía para el comercio exterior y en otros aspectos del desarrollo económico, al mismo tiempo que se mantienen la moneda y la defensa comunes y la ciudadanía estadounidense.

El candidato a gobernador Carlos Pesquera, del Partido Nuevo Progresista (PNP) cuestionó a Calderón por no querer que la cuestión del status se convierta en un tema de campaña y la acusó de intentar frenar cualquier progreso en la Casa Blanca.

"Ella fue allí con miedo de que se sepa la verdad, de que su propuesta de status no es capaz de pasar una revisión legal o el análisis del Congreso", dijo Pesquera.

Elevándose sobre la campaña retórica, Berríos propuso una asamblea constitucional, un método más formal y permanente para los puertorriqueños negocien y conciban las definiciones de cambios en el status que regularía las futuras relaciones con los Estados Unidos. Tiene la esperanza de que Clinton la incluya en su propuesta.

"Por lo menos nadie le puso objeciones", remarcó. "Es la primera vez que surge una posibilidad como esta. Por eso no pierdo la esperanza. Al menos por ahora."