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Click here to see this document in English. Juez federal rechaza ley de pena de muerte en Puerto Rico, la Corte Suprema decidirá la cuestiónFiscales federales apelarán el fallo sobre pena de muerteJuez federal rechaza ley de pena de muerte en Puerto Rico, la Corte Suprema decidirá la cuestión 18 de julio de 2000 SAN JUAN, Puerto Rico, 18 de julio - Un juez federal local aprovechó la especial relación de Puerto Rico con los Estados Unidos para rechazar una ley federal que hubiera impuesto la pena de muerte a dos hombres. El juez de la Corte de Distrito Salvador Casellas dictaminó que el Congreso de los EE.UU. no puede imponer una ley de pena de muerte de 1994 para ciertos crímenes cometidos en Puerto Rico porque los isleños no tuvieron participación en la elaboración de dicha norma. En su fallo del lunes, Casellas dispuso que los fiscales no pueden solicitar la pena de muerte en el juicio contra dos acusados de asesinato. La sentencia suministra argumentos a quienes abogan contra la pena de muerte, pero no es la última palabra sobre el tema en Puerto Rico. Es la primer vez que un juez de distrito de los EE.UU. emplea el status político de Puerto Rico para rechazar la pena capital impulsada por el gobierno federal en la isla, donde está prohibida por la constitución y sólo hubo una ejecución en 73 años. Los observadores esperan que la cuestión sea resuelta en última instancia por la Corte Suprema. Casellas sostuvo que el especial status del ELA hace que la pena de muerte sea "inaplicable localmente". Criticó también a las autoridades federales por aplicar unilateralmente leyes federales al pueblo de Puerto Rico. "Golpea la conciencia imponer la pena capital, la muerte, a ciudadanos americanos a los que les ha sido negado el derecho a participar directa o indirectamente en el gobierno que aplica y autoriza la imposición de dicho castigo", escribió el juez. El fallo de Casella se produjo después de que los abogados de Héctor Oscar Acosta Martínez y Joel Rivera Alejandro -acusados del secuestro y asesinato de un empresario local- argumentaron que la constitución puertorriqueña prohibe la pena capital. De ser condenados, a los dos reos se les impondría la pena de cadena perpetua. Los fiscales federales, haciendo notar que otros jueces del mismo distrito tienen opiniones diferentes, prometieron continuar la lucha. El Procurador General de los EE.UU., Guillermo Gil, informó que su oficina apelará el fallo. "El habla de hacer una distinción entre Puerto Rico y los estados en términos de qué leyes son aplicadas, y no podemos permitir que eso suceda aquí porque eso afecta nuestro sistema judicial", advirtió Gil. Gretchen Michael, una vocera del Departamento de Justicia de los EE.UU. anunció que por el momento las autoridades continuarán revisando las potenciales causas de pena capital. "Todavía estamos leyendo esta decisión, por lo que no podemos comentar cual será su efecto particular", dijo Michael. Puerto Rico prohibió la pena capital dos años después de colgar a un hombre en 1927. Virtualmente ningún político o figura pública local defiende la pena de muerte. Los 3,8 millones de personas que viven en este territorio estadounidense no tienen representación con voto en el Congreso, que aprobó la restitución de la pena de muerte para los jefes del narcotráfico en 1984, y extendió su alcance a 60 crímenes en 1992. Casellas se refirió específicamente a estos dos puntos al disponer que los acusados no pueden ser condenados a muerte. A menos que los fiscales ganen la apelación, el caso se convertirá en una más de las causas regulares del distrito. Además de la cuestión de la falta de representación, Casellas escribió que la Ley Federal de Pena de Muerte de 1994 "no se hizo específicamente extensiva al ELA de Puerto Rico" y que, de todos modos, si esa era la intención del Congreso, violaba el Acta de Relaciones Federales de Puerto Rico de 1950. Observadores legales opinan que el dictamen de Casella habilita a la Corte Suprema de los EE.UU. para decidir si la pena capital debe ser aplicada en Puerto Rico. Puerto Rico es considerado un ELA de los Estados Unidos. Se convirtió en posesión estadounidense después de la Guerra Hispano-Americana de 1898. Fiscales federales apelarán el fallo sobre pena de muerte 18 de julio de 2000 SAN JUAN (AP) - Guillermo Gil, procurador interino de los EE.UU., anunció que pedirá al Departamento de Justicia la apelación del fallo de un juez federal que impide la aplicación de la pena de muerte en causas por crímenes federales cometidos en Puerto Rico. Gil recomendó al Procurador General de los EE.UU. la apelación del dictamen del Juez de la Corte de Distrito de los EE.UU. Salvador Casellas porque cree que afectará a los juicios por delitos federales cometidos en la isla, de acuerdo con artículos publicados. "Nuestra recomendación es que debe ser apelado, porque estamos hablando de separar a Puerto Rico de los otros estados, y no podemos permitir que eso suceda aquí, porque afectará la aplicabilidad del sistema federal de justicia", expresó Gil.
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