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Transcurrido más de un siglo, la lección más clara es que el pleno desarrollo económico, social y político de Puerto Rico nunca será alcanzado a través de medidas adoptadas para hacer tolerable una condición colonial que se basa en la privación permanente de derechos civiles y en la desigualdad. Esta es la razón por la cual Citizens Educational Foundation está comprometida con la absoluta igualdad política y económica de las personas nacidas y que viven en Puerto Rico.

El impulso dado por incentivos federales a la economía local hace varias décadas no es un substituto para la igualdad económica. Ya no somos una economía de cesta básica, de manera que no necesitamos más trucos económicos. Necesitamos sentarnos a la mesa.

En lugar de volver a las estrategias federales de desarrollo, necesitamos reconocer los indicadores de bajo rendimiento en la nueva economía. Si se compara con el continente, los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico tienen una capacidad de acceso a Internet cinco veces inferior, el acceso a computadoras es tres veces menor, la capacidad de sitios web es doce veces inferior, la inversión en investigación y desarrollo es diez veces menor, y la cantidad de patentes registradas es 30 veces más baja. Estas herramientas de oportunidad no están en las manos de nuestra gente porque los políticos de Puerto Rico todavía están discutiendo las abstracciones más esotéricas sobre cómo se puede ser una nación y permanecer dentro de los EE.UU. al mismo tiempo. Este es un debate tedioso y anacrónico.

Sabemos cual es la es la respuesta a este dilema. Sabemos que la igualdad de derechos políticos y oportunidades económicas que disfruta el resto de la nación puede ser alcanzada dentro del sistema constitucional de los EE.UU. mediante el proceso histórico de admisión a la estadidad. También sabemos que la ciudadanía igualitaria y un status no discriminatorio pueden ser logrados a través del sistema constitucional de una república soberana, independiente. Las opciones son claras y el camino a la plena igualdad de derechos a través de una de esas opciones está abierto para Puerto Rico.

La fundación apoya un proceso de autodeterminación que conduzca a la plena ciudadanía y a la descolonización sobre la base de un status no territorial, ya sea a través de la estadidad o de la soberanía nacional separada.

Ninguna medida que el Congreso pueda adoptar por estatuto a pedido de Puerto Rico para mejorar las condiciones políticas o económicas del Estado Libre Asociado (ELA) pondrá fin al status territorial . Cualquier medida estatutaria es discrecional y está sujeta a los cambios que desee efectuar un Congreso en el cual Puerto Rico no tiene representación con voto.

Además, no hay certeza de que los términos de mantenimiento del ELA seguirán siendo favorables a Puerto Rico o a las empresas que invirtieron allí, ni de que la soberanía, la nacionalidad y la ciudadanía para Puerto Rico continúen indefinidamente. Esto constituye un riesgo político para los negocios en Puerto Rico que no afecta a las inversiones en el continente.

Sin un status permanente y la verdadera integración en la economía nacional, el poder de los EE.UU. y del sector privado internacional no pueden ser aprovechados para beneficio de Puerto Rico. La prosperidad no es un derecho, es el producto de derechos. Los más elementales derechos políticos, que hacen posible la prosperidad de los EE.UU., no han sido garantizados en Puerto Rico.

Por tal razón, la tasa de desocupación de Puerto Rico es mucho más alta que la del continente. Solamente aquellas personas nacidas en Puerto Rico que se van a vivir al continente por más de una generación disfrutan de un nivel de prosperidad igual al de los estados. Nuevamente, esto demuestra que la oportunidad económica y los derechos políticos están vinculados. Debemos recordar que el 20 % del PBI de los EE.UU. corresponde a gastos federales. En lugar de ser un estado y tener una delegación en el Congreso mayor que la de 25 de los actuales 50 estados, Puerto Rico tiene que ir a mendigar como un sin techo, en vez de competir en una lucha justa por la porción que nos corresponde de ese gasto federal.

Como ELA, tanto en lo económico como en lo político, Puerto Rico sigue siendo un intruso en los Estados Unidos. Por no haber exigido los plenitud e igualdad de derechos, vivimos en una casa que todavía no es verdaderamente nuestro hogar.

Aún hoy, algunos insisten en que existe un tercer camino para alcanzar estos derechos, que combina elementos de la estadidad y de la soberanía separada. Todavía escuchamos el viejo argumento de que una forma separada de ciudadanía con un conjunto especial de derechos y responsabilidades puede hacernos plenos y otorgar un tolerable status separado. De acuerdo con los devotos del ELA, eso es lo mejor que puede conseguir Puerto Rico.

Esta noción va en contra del legado del sistema constitucional estadounidense; la herencia de los EE. UU. es que la igualdad y la libertad bajo la ley constituyen la única forma duradera de cesión de derechos.

En la CEF creemos que la ciudadanía de Puerto Rico quiere lo que LULAC ayudó a conseguir a la gente en toda América. Ya sea a través de la estadidad o de la nación separada, queremos igualdad de derechos y oportunidades. Queremos preservar nuestra herencia y promover la vitalidad de nuestra cultura, incluyendo la lengua española. Queremos nuestra dignidad.

Como lo hicieron los miembros de LULAC en toda la nación, los ciudadanos de Puerto Rico deben ponerse de pie y exigirlo.