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1 de julio de 2000
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SAN JUAN, Puerto Rico - Un juez de distrito de los EE.UU. dictaminó que los puertorriqueños tienen, por primera vez, derecho a votar en las elecciones presidenciales de este año.

Se trata del segundo fallo esta semana que pone cuestión del status de Puerto Rico como Estado Libre Asociado (ELA) de los Estados Unidos en el centro del debate judicial.

El juez de distrito de los EE.UU. Jaime Pieras Jr. desafió al actual sistema electoral emitiendo un dictamen a favor de 11 puertorriqueños que solicitaron poder votar en noviembre. Los habitantes de la isla, que cumplen con el servicio militar y reciben miles de millones de dólares en ayuda federal, se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en 1917, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales.

El derecho del ciudadano a votar, sostuvo Pieras en su fallo, emana de la ciudadanía como "un derecho fundamental" en una sociedad democrática, expresado implícitamente a lo largo de la Constitución de los EE.UU.

El fallo de Pieras rechazó los argumentos del gobierno federal de que son los estados, no los individuos, quienes votan para elegir presidente y vicepresidente a través del sistema de colegio electoral. Dado que Puerto Rico es un territorio sometido a la autoridad del Congreso -argumentaba el gobierno- sus residentes no pueden votar.

Los residentes en Washington, D.C., obtuvieron el derecho a votar en 1961, por medio de una enmienda constitucional.

Chris Watney, portavoz del Departamento de Justicia de los EE.UU., informó el viernes que los abogados del gobierno están estudiando el dictamen del juez.

Los querellantes, que anteriormente habían presentado una causa similar y la perdieron en 1994, esperan no tener que seguir luchando.

"Sería contradictorio e inmoral que EE.UU., que se presenta a sí mismo como el campeón de la democracia en el mundo, continúe con esta acción negativa y discriminatoria para negarnos el voto", declaró Gregorio Igartua de la Rosa, el principal querellante de la causa.

Los puertorriqueños que aspiran a que la isla se convierta en un estado manifestaron su alegría ante el "sentido de justicia" del fallo, pero reconocieron que será una batalla difícil.

Quienes apoyan el actual status de ELA están divididos acerca de las conclusiones del dictamen judicial, pero cuestionaron al juez por sus fuertes críticas al ELA como obstáculo para obtener el voto y los plenos derechos de los ciudadanos.

Los políticos que desean que Puerto Rico sea una nación independiente opinaron que las palabras de Pieras dejaron al desnudo la naturaleza "colonial" del ELA y relativizaron la importancia de la medida judicial, calificándola de expresión de deseos.

"Habría que tener una imaginación muy poderosa para pensar que el juez Pieras puede socavar la cláusula territorial de la Constitución con un trazo de su pluma" expresó el representante puertorriqueño Víctor García San Inocencio, del Partido Independentista de la isla.

Pero al margen de que Igartua consiga votar, muchos sostienen que el fallo, junto con la disposición emitida el lunes por otro juez que bloqueó la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico, incrementa la presión para que Washington se ocupe del status de la isla.

El presidente Clinton inició conversaciones con los dirigentes políticos de la isla el mes pasado, con el propósito de encontrar un modo de superar el atascamiento en el que se encuentra la cuestión del status tanto en Washington como en San Juan.

En una decisión judicial anterior, el Juez de distrito Salvador Casellas dispuso que la pena capital federal era "localmente inaplicable" porque los puertorriqueños no había tenido ni voz ni voto en la elaboración de las leyes federales que la restablecieron y extendieron su aplicación.

La Constitución de Puerto Rico, aprobada por el Congreso en 1952, prohibe expresamente la pena capital, por lo que imponer la pena de muerte en la isla viola las leyes que establecen la actual relación política. Ambos dictámenes judiciales usan el status del ELA para apoyar sus decisiones, pero de diferente manera. Pieras, como defensor de la estadidad, culpa al ELA y a su "incompatibilidad con la Constitución de los EE.UU." por la falta de igualdad de derechos de los puertorriqueños.

"A pesar de haber pagado con sangre su ciudadanía, los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico no pueden ir a las urnas en las elecciones presidenciales", escribió Pieras. "Resulta inconcebible en nuestro orden constitucional que el gobierno pueda poner en peligro a los hijos e hijas de nuestra nación y no reconozca la facultad de esos individuos a participar en la elección de quienes toman esa decisión."

Casellas también usó el dramático ejemplo del servicio militar para apoyar su fallo, pero responsabilizó al Congreso y a Washington por no respetar el acuerdo entre Puerto Rico y los Estados Unidos, erosionando gradualmente la autonomía prometida en el comienzo, casi 50 años atrás.

"Ambas decisiones deben ir a la Corte Suprema para que ese cuerpo, y no los políticos locales con sus bolsillos llenos de dinero, puedan decidir de una vez por todas la validez constitucional del ELA", expresó el senador Eduardo Bhatia, candidato a alcalde de San Juan por el Partido Popular Democrático, que apoya el ELA.

Pero uno de sus colegas partidarios, el senador Edualdo Báez Galib, opinó que la decisión sobre el voto presidencial está en un terreno resbaladizo.

En 1970, después de muchos análisis, una comisión sobre status llegó a la conclusión de que una enmienda constitucional o convertirse en estado eran los únicos caminos para que los puertorriqueños pudieran votar en las elecciones presidenciales.

Báez Galib dijo que en los Estados Unidos algunos consideran este tema sólo en términos políticos. Los republicanos temen convertir a Puerto Rico en un estado porque es mayoritariamente demócrata y tendría más representantes en el Congreso que otros 26 estados.

"Esto simplemente resucita este punto, pero esta vez a través de las cortes", sostuvo Báez Galib.