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25 de septiembre de 2000
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La plataforma republicana del 2000 sostiene que: "El Congreso tiene la última autoridad para definir las opciones constitucionalmente válidas para Puerto Rico". Tanto en lo que respecta a la norma constitucional como a la lógica política, la plataforma del Partido Republicano es correcta.

El artículo IV de la Constitución establece claramente que sólo el Congreso tiene la facultad de dictar "todas las normas y regulaciones necesarias" para los territorios. Eso incluye a Puerto Rico.

La plataforma republicana también es correcta al exigir que el Congreso considere únicamente las propuestas "constitucionalmente válidas" para el futuro político de Puerto Rico.

Comprendiendo que las únicas opciones válidas para Puerto Rico son su actual status como territorio, la estadidad o la independencia, John Doolittle, representante republicano por California, sostuvo que el Congreso debería eliminar una opción inválida y rechazar la radical propuesta de una de las más poderosas facciones políticas de Puerto Rico. En una maniobra poco ortodoxa pero encomiable, introdujo un proyecto de ley que contiene el plan inconstitucional, de manera que el Congreso pueda votar en su contra y expresar de manera inequívoca su oposición al mismo.

A pesar de que se lo denomina Estado Libre Asociado (ELA), Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos desde 1898. El Congreso otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños en 1917, y la aprobación del autogobierno interno y de una constitución local en 19532 no cambiaron el status territorial de Puerto Rico. Durante más de 30 años, se han hecho esfuerzos dentro de Puerto Rico para determinar el status político definitivo. Pero debido a que la Constitución de los EE.UU. le da al Congreso la jurisdicción exclusiva sobre los territorios estadounidenses, sólo el Congreso debe guiar ese proceso.

En cambio, ha permitido que los plebiscitos sobre el futuro de la isla se contaminaran y devaluaran por la seducción de falsas opciones. El Partido Popular Democrático (PPD), que anteriormente respaldaba el denominado status quo del ELA, impulsa en los últimos años una opción que no es ni un territorio ni un estado ni una nación soberana. Su opción incorporaría características de las tres opciones constitucionales para crear algo que la Constitución sencillamente no reconoce.

Conforme lo aprobó el PPD el 15 de octubre de 1999, este radical plan crearía una entidad que, a pesar de no ser ni un estado ni un territorio, estaría en unión permanente con los Estados Unidos y continuaría recibiendo asistencia social y otros beneficios. Más aún, este desatinado plan prevé que los Estados Unidos deben proveer a Puerto Rico con una subvención anual, ajustada por inflación, con la cual se financiarían los programas sociales, los proyectos de obras públicas y otras funciones del gobierno. Sin embargo, conforme la Constitución, los estados y los territorios son las únicas subdivisiones políticas legítimas de los Estados Unidos.

El esquema del PPD también exige que el Congreso le ceda a Puerto Rico la facultad de rechazar las leyes federales a las cuales no quiera someterse. Los estados y los territorios, por supuesto, no tienen tal facultad. El Congreso no puede otorgarle a Puerto Rico este poder de anulación porque, conforme lo establece la Cláusula de Supremacía de la Constitución, las leyes federales deben prevalecer en caso de conflicto con las leyes de los estados o territorios.

El plan del PPD también contempla que Puerto Rico se reserve la facultad de controlar su propio intercambio con naciones extranjeras. Esta concesión de poder entra en colisión con los estatutos fundacionales de América. Recientemente, la Corte Suprema confirmó que los estados no poseen tal facultad constitucional para regular el comercio. El mismo principio se aplica a los territorios y el Congreso no podría crear una clase diferente de unidad política que tuviera poder independiente sobre su propio comercio con países extranjeros.

En suma, la entidad híbrida propuesta por el PPD no sería un territorio, pero los Estados Unidos serían responsables por su defensa y bienestar como si lo fuera. No sería un estado, pero estaría en unión permanente como si lo fuera y podría ejercer su independencia en asuntos internacionales como ningún estado puede hacerlo. En apariencia sería considerada una nación, con su propia nacionalidad, pero sus habitantes serían ciudadanos estadounidenses y usarían la moneda de los EE.UU. Al igual que el monstruo de Loch Ness, esta propuesta es atemorizante, pero la entidad que propone simplemente no existe.

Nuestra Constitución no reconoce dicho arreglo. Como resultado, al definir las legítimas opciones para el futuro de Puerto Rico, el Congreso debería seguir la tónica marcada por Doolitle y retirar de la mesa de discusión esta opción constitucionalmente inviable.