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5 de octubre de 2000
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¿Lo mejor de ambos mundos? Para nada.

Ese fue el claro mensaje transmitido el miércoles por ambos testigos y los miembros de la comisión durante una audiencia que tuvo lugar ante la Comisión de Recursos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en la que se trató el tema del proyecto de ley sobre la condición de estado libre asociado mejorado presentado por el Representante de California por el Partido Republicano, John Doolittle.

"Se lo puede considerar tanto una ficción legal como un truco", comenta el indignado Representante Dale E. Kildee, uno de los miembros de la comisión. "Esta no es una opción válida disponible [para los puertorriqueños]."

Doolittle, quien afirmó que votaría en contra de la medida que él mismo presentó, indicó que presentó la legislación para su posterior debate sobre la base de la definición de estado libre asociado mejorado desarrollada por el PDP en 1998. Este partido, que describió al status de estado libre asociado como "lo mejor de ambos mundos", se negó a enviar representación oficial a la audiencia y desautorizó el proceso, alegando que su intención es desacreditar la categoría de estado libre asociado y respaldar la estadidad.

El proyecto de ley de Doolittle describió el status de estado libre asociado mejorado como aquel que se basa sobre una unión permanente con los Estados Unidos, ciudadanía irrevocable, completos beneficios federales sin pagar los respectivos impuestos, y la capacidad del gobierno local de elegir cuáles son las leyes federales que se aplicarán en la isla. También explica que el status de estado libre asociado mejorado no puede ser alterado por los Estados Unidos si no se cuenta con el "consentimiento mutuo".

"Este estado libre asociado mejorado otorgaría beneficios sin imponer responsabilidades [en materia de impuestos]", comenta el Representante por Indiana, Dan Burton. "Me gustaría que esa categoría también se aplicara en Indiana."

Los testigos que durante la mañana prestaron declaración frente a la comisión, que estuvo presidida por el Representante Republicano por Alaska, Don Young, incluyeron al asesor de la Casa Blanca, Jeffrey Farrow, y también a otros funcionarios de los departamentos de Justicia y Estado de los Estados Unidos, y al ex Procurador General de los Estados Unidos, Dick Thornburgh. El comisionado residente, Carlos Romero Barcelo, participó activamente en la audiencia como miembro de la comisión.

Farrow, quien felicitó a la comisión por decidirse a debatir el proyecto de ley, explicó que la propuesta reflejaba lo que los líderes del PDP habían presentado a sus seguidores. Sin embargo, expresó que la propuesta se diferenciaba de la actual categoría de estado libre asociado en que, pese a que reflejaba "un deseo de mayor autonomía", ligaba las libertades de una "nación soberana con una unión permanente con los Estados Unidos".

"Esta propuesta incluye una mezcla incompatible de soberanía con categoría de estado", explicó Farrow, y agregó que algunos de los pasajes de la propuesta podrían modificarse para hacerla más "aceptable". No se explayó sobre este tema en particular.

William Treanor, quien prestó testimonio en nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dijo que Puerto Rico disponía de dos opciones conforme la Constitución de los Estados Unidos: transformarse en una nación soberana o permanencer bajo la soberanía de los Estados Unidos ya sea como estado o como territorio.

"Desde un punto de vista constitucional, eso significa que Puerto Rico continnuaría gobernado por la cláusula territorial [de la Constitución de los Estados Unidos]", dijo Treanor.

Los funcionarios del PDP insisten en que Puerto Rico dejó de ser un territorio de los Estados Unidos, sujeto a las facultades plenarias del Congreso, cuando se aprobó la Constitución de Estado Libre Asociado en 1952.

El funcionario de Justicia también explicó que cualquier acuerdo entre Puerto Rico y los Estados Unidos podría ser inalterable porque "un Congreso no puede vincular a otro."

"El consentimiento mutuo no es exigible constitucionalmente", comentó Treanor, y agregó, "La constitución toma en cuenta a los estados y a los territorios, no contempla un tercer tipo de status."

Respecto del tema de si la ciudadanía de los Estados Unidos es irrevocable, los panelistas fueron presionados por Doolittle para que expresaran su opinión respecto de si el Congreso de los Estados Unidos podría revocar la ciudadanía a las personas que nazcan de ahora en adelante en Puerto Rico.

En razón de que el Congreso otorgó la ciudadanía a Puerto Rico por medio de una ley, algunos expertos argumentan que la ciudadanía conferida por ley no es irrevocable, como lo es la ciudadanía constitucional otorgada a quienes nacen dentro del territorio de los Estados Unidos.

"En tanto y en cuanto Puerto Rico siga siendo una parte de los Estados Unidos, la ciudadanía estará constitucionalmente protegida", expresó Treanor.

Por su parte, Thornburgh dijo que la propuesta definió un status que no está disponible conforme lo que establece la Constitución de los Estados Unidos. "El Congreso no tiene la facultad de crear un estado de unión permanente [diferente de la estadidad]", explicó.

El panel de la tarde incluyó al Secretario de Justicia de Puerto Rico, Angel Rotger Sabat y al Presidente del Sendado, Charlie Rodriguez, quienes atacaron las propuestas del PDP.

"Hoy establecimos que el núcleo de esta fórmula [categoría de estado libre asociado mejorado] y las combinaciones propuestas por el PDP son inconstitucionales", dijo Doolittle poniendo un punto final a la audiencia.