La jefe de Presupuesto del Gobernador Acevedo Vilá, Ileana Fas Pacheco, ha dicho que el déficit presupuestario de este año alcanzaría la cifra de mil millones de dólares o más, y reconoce que podría pasar una década antes de que el ELA pueda poner el suficiente freno a los gastos como para equilibrar el presupuesto— a pesar de las "duras opciones" que la administración está tomando.

No obstante, esto parece insignificante en comparación con el déficit presupuestario, que marca todo un record, acumulado en Washington, D.C. y que se espera alcance los $427.5 mil millones este año. La mayoría de los observadores creen que el momento de crisis en los fondos públicos federales, más la promesa del Presidente Bush de reducir el déficit a la mitad antes de dejar el cargo, recortará la cantidad de fondos federales que Puerto Rico recibe anualmente.

Hasta qué punto se verá Puerto Rico golpeado en el frente de la aportación de fondos federales no se aclarará hasta después de que el Presidente Bush dé su discurso sobre el presupuesto el 9 de febrero, pero el Comisionado Residente Luis Fortuño ya está diciendo que la isla debe ser "realista" y prepararse para el hecho de que algunos programas de gasto federal probablemente se verán afectados.

Fortuño dijo que nadie debería esperar dramáticos aumentos en los actuales programas federales. Citó la aportación de fondos para la segunda fase del Tren Urbano como una de las áreas potenciales que podría sufrir el impacto, mientras que otros han mencionado que Medicaid y Medicare, así como las subvenciones de Community Development Block, utilizadas para proyectos de obras públicas municipales, podrían verse recortados.

Los problemas que afligen al presupuesto federal son realmente malas noticias para Puerto Rico, que ha visto un incremento de unos $500 millones anuales en las últimas décadas. Durante la administración Calderón, la aportación de fondos federales creció casi un 21 por ciento. La aportación anual de fondos federales para la isla en la actualidad es de $14.6 mil millones.

Entretanto, los cambios en los impuestos federales podrían reducir drásticamente los ingresos anuales de Puerto Rico por la desgravación del ron en $140 millones de los $382 millones que recibe actualmente. Y la propuesta de ampliar una disposición que permite a las corporaciones extranjeras controladas que envíen sus beneficios libres de impuestos a los Estados Unidos, podría poner aún más trabas al atractivo de la isla como destino de inversiones industriales, justo cuando expira una reducción tributaria para las subsidiarias de las empresas estadounidenses en la isla.

Dejando a un lado la aportación de fondos federales, la administración de Acevedo Vilá está dejando claro que se ve apurado simplemente tratando de encontrar los fondos para el presupuesto actual. Recortar drásticamente los gastos de las agencias y congelar las contrataciones están sobre la mesa. Pero hasta ahora, la administración se ha mantenido fiel a su promesa de no establecer un impuesto sobre el consumo, aunque lograría extraer ingresos de la extensa economía sumergida de Puerto Rico, ahorrar dinero de los contribuyentes al eliminar el retrógrado impuesto indirecto y permitir al gobierno rebajar las tasas del impuesto sobre la renta — al menos un poco.

Sin duda, la Legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista echará abajo, con deleite, algunos de los costosos proyectos favoritos de la antigua Gobernadora Sila María Calderón, como la ley de financiación de las campañas con fondos públicos. Pero también se ha mostrado propensa a embarcarse en empresas populares, tales como el aumento de la paga de la policía y una rebaja de los nuevos impuestos sobre los vehículos 4x4, sin que quede claro si hay dinero para pagarlas.

Es saludable que el debate sobre las prioridades en el gasto haya comenzado. Pero para que prospere, ambos lados tienen que estar de acuerdo en una meta fundamental: hay que recortar el gasto del gobierno.

A pesar del requisito constitucional de que el gobierno del ELA debe mantener un presupuesto equilibrado, sucesivas administraciones del PPD y del PNP han burlado esta restricción durante años. La voluntad política respaldada por la demanda del público, es un requisito para salir de este embrollo.

El enredo fiscal del gobierno ya se ha convertido en el principal asunto público. Los sobrecargados contribuyentes, la comunidad empresarial, e incluso la comunidad académica, claman pidiendo una reforma del gobierno.

A pesar del exasperado ambiente político y del sombrío paisaje económico, existe un amplio acuerdo sobre una línea de acción que la Legislatura y La Fortaleza deberían tomar y que podría cambiar de forma drástica la inflada burocracia del ELA.

El gran problema del ELA es su nómina, después de pagar los salarios de todos sus empleados queda muy poco para nada más. No obstante, establecer la congelación de la contratación por parte del gobierno, haría rápidamente mella en el problema debido al constante flujo de jubilados que salen del sistema.

El gobierno debería también cambiar su política en el Banco de Desarrollo del Gobierno, que ha estado prestando dinero al ELA para tapar los agujeros presupuestarios durante años. El BDG debería también prestar dinero al gobierno central cuando se haya identificado una fuente de reembolso.

La sobriedad también tiene que llegar a las corporaciones públicas de Puerto Rico, de forma que generen suficiente dinero para subsistir por sí mismas. Consideremos el caos del servicio público de suministro de agua. Mientras los funcionarios del gobierno se han negado a aumentar las tarifas, el gobierno ha estado pagando su déficit anual de $200 millones mediante la asignación de partidas legislativas. Cortar las subvenciones y aumentar las tarifas es el único camino a seguir.

Y una amplia reforma fiscal, incluidos los impuestos a corporaciones e individuos, debería ser promulgada — y rápidamente. Abolir el impuesto indirecto sobre el consumo, promulgar un impuesto sobre el consumo para extraer ingresos de la economía sumergida y proporcionar al menos algún alivio al sobrecargado empleado asalariado, que ha estado pagando el gobierno todo el tiempo.

Esta es la prueba real para la base de poder del PNP en el Capitolio y la base de poder del PPD en La Fortaleza.