25 de febrero de 2005
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Un segundo vistazo a la ciudadanía de segunda clase
El próximo miércoles, 2 de marzo, se conmemorarán 88 años desde la ratificación de la Ley Jones que confirió ciudadanía estadounidense a todas las personas nacidas en Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos. Desde 1917, este estado civil para individuos, que confirió el Congreso de los Estados Unidos, ha permitido a los puertorriqueños disfrutar de los derechos de cualquier nacional o ciudadano estadounidense naturalizado – con varias importantes excepciones.
Los puertorriqueños que residen en la isla no tienen representación alguna en el Senado de los Estados Unidos, ni representación proporcional en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Tampoco tienen derecho al voto en la selección del Presidente de los Estados Unidos cada cuatro años. Por esta razón, algunos puertorriqueños se refieren a su ciudadanía estadounidense como una de "segunda clase", de alguna manera una versión de menor calidad que la que gozan las personas nacidas en cualquiera de los 50 estados. Otros rechazan esta idea como nada más que retórica política con el fin de promover un status político u otro.
Prácticamente todos los puertorriqueños atesoran su ciudadanía estadounidense y desean preservarla para ellos y las generaciones futuras. Incluso los que desean independencia para Puerto Rico cabildean por doble ciudadanía, en caso de que se alcanzara ese status político. Esto puede constatarse en la manera que se expresan sobre la ciudadanía en sus plataformas los dos principales partidos políticos de la isla, el Partido Nuevo Progresista (PNP) que favorece la estadidad, y el Partido Popular Democrático (PPD) que aboga por el status actual pero busca poderes mejorados y mayor autonomía de los Estados Unidos.
Tanto el PPD como el PNP, que en años recientes han obtenido más del 95% del voto local en elecciones y plebiscitos, apoyan la protección de la ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños. Conscientes de cuánto valoran los votantes su ciudadanía estadounidense, los políticos se valen de toda oportunidad para exaltarla.
En la actualidad, líderes del Partido Popular Democrático (PPD), que se quejan de que el status del Estado Libre Asociado es uno de "segunda clase" porque el gobierno de Puerto Rico no cuenta con los poderes de un país independiente, no escatiman palabras cuando se trata de defender la ciudadanía. El actual Gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, dijo en 1988 en una audiencia ante el Senado de los Estados Unidos: "No debemos vernos obligados a rechazar la ciudadanía estadounidense para nuestros niños sólo para poder obtener un grado mayor de auto-gobierno".
Su predecesor del PPD en La Fortaleza, la Sra. Sila María Calderón, cuyo gobierno fue percibido como uno separatista por los líderes del Congreso de los Estados Unidos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, le dijo al Senado de los Estados Unidos en 1998: "Nunca me he sentido como una ciudadana de segunda clase. Me considero una ciudadana de los Estados Unidos. Aprecio y atesoro mi ciudadanía estadounidense. Nunca renunciaría a ella ni consideraría ninguna opción que me hiciera perderla. Quiero que mis hijos y sus hijos siempre la tengan".
La ciudadanía estadounidense llegó a Puerto Rico como parte de un arreglo que el Congreso de los Estados Unidos ingenió casi dos décadas después de tomar posesión sobre Puerto Rico y otras ex – colonias españolas al final de la Guerra Hispano-americana en 1898. El Tratado de París, firmado por las dos potencias en guerra, cedió las antes colonias españolas de Cuba, Puerto Rico, Guam y las Islas Filipinas a los Estados Unidos en calidad de territorios. Mediante la misma Ley Jones, Cuba ya había recibido su independencia y una sangrienta resistencia se oponía a la ocupación de la Filipinas por parte de los Estados Unidos. Puerto Rico, en general, se mantuvo en paz, listo a cooperara y económicamente muy pobre.
En su obra de 1995 sobre el tema de "Ciudadanía y el imperio estadounidense", José A. Cabranes, hoy un Juez del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, comenta que la Ley Jones tuvo como fin enviar un mensaje a las Filipinas y otro a Puerto Rico. Convencidos de que las remotas y hostiles islas filipinas nunca se convertirían en un estado, la ley prometía que a la larga se les concedería independencia. Por otro lado, la población más flexible de Puerto Rico, residentes en un lugar estratégicamente importante del Caribe, requería de otro enfoque.
Al concederles la ciudadanía, escribe Cabranes: "El Congreso proclamó que el futuro de Puerto Rico habría de ser algo distinto a independencia nacional y mediante esa concesión trató de resolver la interrogante sobre cómo debía Estados Unidos lidiar con esta porción de su imperio. El propio vocablo de "ciudadanía" sugería igualdad de derechos y privilegios y plena membresía en la comunidad política estadounidense, nublando así la relación colonial entre el gran gobierno metropolitano y su pobre dependiente en el extranjero. Pero la creación de una ciudadanía de ‘segunda clase’ para una comunidad de personas a quienes no se les confirió expectativa alguna de igualdad bajo el sistema estadounidense tuvo el efecto de perpetuar el status colonial de Puerto Rico".
En la Constitución de Puerto Rico de 1952, a los ciudadanos estadounidenses residentes en la isla se les confirió auto-gobierno local y autonomía limitada, pero sin dejar de ser un territorio no-incorporado. En cierta forma el documento cambió la relación del Congreso con el gobierno de la isla, pero no por ello se disminuyó su autoridad final. Tampoco se expandieron los derechos civiles de Puerto Rico para incluir voz y voto en el gobierno nacional.
La ciudadanía estadounidense ha permitido a los puertorriqueños viajar al exterior con pasaporte de los Estados Unidos y establecerse libremente en cualquier parte de los Estados Unidos para vivir como quieran. Como residentes de un estado de la Unión, pueden inmediatamente comenzar a disfrutar de pleno sufragio en las elecciones locales, estatales y nacionales. De hecho, un simple pasaje de avión puede conferirle a un puertorriqueño derechos civiles que el Congreso hasta la fecha se ha negado a conferir a los que se quedan viviendo en la isla. Muchos han abordado aviones. Los demógrafos informan que ha habido un éxodo neto de puertorriqueños de la isla para establecerse en lugares de los Estados Unidos. Algunos predicen que para fines de esta década, los puertorriqueños viviendo en Estados Unidos serán más que los que permanezcan viviendo en la isla.
Los puertorriqueños han cumplido plenamente con sus responsabilidades como ciudadanos estadounidenses. Los hombres y mujeres de la isla han respondido a la defensa de la bandera en sus guerras y han servido con distinción. Más de 200,000 han vestido el uniforme militar y unos 2,000 han dado sus vidas como el máximo sacrificio. Esa cifra aún sigue subiendo. Desde el comienzo de las hostilidades en Irak, unos 7,600 soldados puertorriqueños han servido en los frentes de batalla y 24 de ellos, residentes o descendientes puertorriqueños, han muerto. El más reciente de ellos fue el 18 de febrero.
A pesar de las frustraciones que los puertorriqueños puedan sentir en torno a su status político y a pesar de cualquier desilusión por no poder votar en las elecciones de los Estados Unidos, no cabe dudas del valor que confieren a su ciudadanía estadounidense. El dilema está ahora en encontrar cómo aliviar el status de "segunda clase" del pasaporte que portan los puertorriqueños. Algunos dicen que sólo la estadidad puede poner fin al problema de esa percepción. Otros insisten en que derecho inmediato a votar por el Presidente podría ayudar. Más aún, otros se niegan a considerar el problema y dicen que tales caracterizaciones no son más que retórica política.
¿Cómo ve usted la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños que residen en la isla?
