Seguramente, los legisladores y líderes políticos de la isla pueden pasear y al mismo tiempo mascar chicle, y muchos de los que están implicados en las luchas sobre el status se burlarán ante la sugerencia de que las colosales dimensiones del gobierno del ELA y su ineficacia no están directamente relacionadas con la cuestión del status de la isla aún por resolver.

Todo esto es cierto, pero la necesidad de una reforma fiscal del gobierno — adquiriendo una transparencia cristalina para la mayoría de los isleños — no tiene el poder que tiene la cuestión del status para agitar las pasiones o despertar el ingenio de los principales políticos de la isla. Y eso es lo que se necesita para que Puerto Rico progrese lo necesario en la reducción del tamaño del gobierno y la mejora del paisaje económico de la isla.

Y si a los líderes políticos les falta la misma resolución para tratar la reforma fiscal que para afrontar la cuestión del status, corren el riesgo de distanciarse de la gran mayoría de los votantes puertorriqueños que parecen estar más preocupados sobre la economía, la delincuencia y el lamentable funcionamiento de su gobierno que sobre si una petición al Congreso o una asamblea constituyente es el mejor vehículo para buscar una solución al status.

El público están viendo que el alocado malgasto del gobierno, que han quedado muy claro a lo largo de las dos últimas semanas conforme los funcionarios de la administración Acevedo Vilá rectificaban en sentido ascendente las estimaciones del déficit hasta los $1.4 mil millones, tiene que llegar a su fin. Aunque los líderes políticos, incluido el Gobernador Acevedo Vilá, dicen la misma cosa, todavía tienen que trazar una ruta hacia la reforma.

Lo cual contrasta con las propuestas concretas sobre el status, los compromisos y las contrapropuestas presentados por los tres partidos durante las últimas semanas. Los políticos disponen de la energía necesaria para el status, pero no para la reforma fiscal.

No se ha llevado a cabo ninguna encuesta reciente, pero me aventuro a predecir que el sentimiento es justo el contrario en la mayoría de los residentes no políticos. Los grupos empresariales, los destacados economistas y líderes empresariales, académicos y artistas, todos ellos han hablado sobre la necesidad de controlar los costos del gobierno y reinventar el sistema tributario de la isla

Hasta qué punto las cosas están fuera de control quedó detallado en el sobrio, fascinante testimonio de la recientemente nombrada Directora Ejecutiva de la Oficina del Presupuesto y Gestión, Ileana Fas Pacheco, en las sesiones legislativas sobre el déficit.

Parece ser que durante años, las agencias estatales han podido gastar a voluntad por encima de sus presupuestos, confiadas en que el ELA buscaría el modo de financiarlo más tarde, mediante una lluvia de dinero en una sola ocasión, fondos para un día lluvioso o sencillamente pidiendo prestado del Banco de Desarrollo del Gobierno. Simplemente recortar los gastos o poner coto al crecimiento no sería suficiente para dar un giro a los descalabros fiscales del gobierno, dijo. Para lograrlo, sería necesario un esfuerzo implacable y sostenido.

Los grupos empresariales y los economistas también están haciendo sonar la alarma, diciendo que el tamaño y la ineficacia del gobierno es la cuestión nº 1 en cuanto a la competitividad de la isla.

El tamaño del gobierno está "asfixiando" el crecimiento económico de la isla, dijo a los legisladores esta semana el Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Puerto Rico, William Riefkohl. Los gastos del gobierno representan el 48 por ciento del producto interior bruto de la isla, cuando lo ideal sería alrededor del 25 por ciento o menos.

Comparado con estados de similar tamaño, Puerto Rico es el que presenta un mayor exceso de gasto y el que tiene más empleados en la nómina pública que muchos de ellos. Con una población de 3,5 millones, Connecticut tiene un presupuesto anual de $20.5 mil millones y 49.000 empleados del gobierno. El recuento de cabezas de Puerto Rico es de 3,9 millones, pero su presupuesto es de $22.2 mil millones y hay 298.751 empleados del gobierno.

El tamaño del gobierno es tan grande que de hecho dificulta que las cosas se lleven a cabo y agota la iniciativa empresarial de la gente que muy bien podría emplearse mejor en áreas más productivas de la economía.

De alguna modo, la administración Acevedo Vilá está hablando con firmeza al poner sobre la mesa la congelación de las contrataciones, un plan de jubilación anticipada y la eliminación de algunas agencias estatales. Pero sus acciones hasta el momento — recortar el número de designados políticos y los privilegios como coches y teléfonos móviles — han sido mayormente simbólicas.

Casi todos los que participan en el debate sobre la reforma fiscal están de acuerdo en la necesidad de decretar un impuesto sobre el consumo como un medio para aliviar al sobrecargado contribuyente de la clase media, sacando provecho de la enorme economía sumergida de Puerto Rico. La única excepción podría ser el Gobernador Acevedo Vilá, que hizo una furiosa campaña en contra de la plataforma del Partido Nuevo Progresista que pedía un nuevo impuesto.

En lugar de discutir la cuestión, Acevedo Vilá ha nombrado un panel para elaborar recomendaciones sobre una reforma tributaria.

Pero es hora de que el panel desvele esas recomendaciones y que el gobernador haga saber su postura sobre la cuestión.

Febrero ha llegado y se ha ido sin una nueva propuesta presupuestaria y, mientras La Fortaleza dice que el gobernador hará este mes su discurso sobre el presupuesto, todavía no hay una fecha en firme.

La mayoría de los expertos en la materia dicen que no se trata de que no haya suficiente dinero para llevar el gobierno. Solo se trata de que el gobierno no gasta lo que tiene sabiamente.

Esta es la razón por la cual la mayoría de la gente aquí está ansiosa por ver la nueva propuesta presupuestaria de La Fortaleza y oír las propuestas concretas del gobernador sobre la reforma fiscal.