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4 de marzo de 2005
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Seguro Social: ¡arréglenlo o déjenlo quieto!

En los Estados Unidos existe la persistente y errada impresión – incluso entre algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos – que los puertorriqueños que residen en la isla no pagan impuestos federales.

Anden a decirle eso a los casi 1.2 millones de empleados y propietarios de empresas en la isla cuyas ganancias están sujetas a pagos tributarios bajo el sistema del Seguro Social federal y quienes pagaron casi 2.5 mil millones de dólares de sus salarios por concepto de impuestos en el año fiscal 2001-2002. También pagaron $606 millones durante el mismo período para la Póliza de Medicare. El empleado puertorriqueño está muy familiarizado con las líneas #4 y 6 del formulario de impuestos W-2, la declaración anual de ingresos y deducciones que requiere de todo empleado el Servicio de Rentas Internas (IRS), donde se determina lo que el empleado ha de contribuir al sistema del Seguro Social y a Medicare.

Por otro lado, 17.5% de los residentes en Puerto Rico – aproximadamente 700,000 -- reciben en la actualidad algún tipo de beneficios del Seguro Social. Los cheques mensuales del Seguro Social tienen un enorme impacto en la economía de la isla. A nivel nacional, según las estadísticas del sistema, unos 50 millones de estadounidenses reciben algún tipo de beneficio, lo que representa casi un 17% de la población total. De la población de más de 65 años de edad, 91% reciben un cheque mensual del Seguro Social.

Por estas razones, los puertorriqueños – tanto como todos los otros estadounidenses – tienen mucho que perder en los debates que están tomando auge en Washington en torno a la "reforma" del sistema de Seguro Social de la nación que propone el Presidente George Bush. La posición del gobierno es que dentro de los próximos 10 a 25 años, a menos que se lleven a cabo cambios inmediatamente, el presupuesto federal no estará en condición de pagar los beneficios al nivel existente. Bush se ha referido al estado del programa como una "crisis" pronta a suceder. Ha pedido al Congreso que se apruebe una ley de reforma para fines de este año. El Comisionado Residente de Puerto Rico, Luis Fortuño, apoya el plan del Presidente. Los rivales de la "reforma" ponen en tela de juicio las premisas básicas del gobierno.

El programa del Seguro Social provee beneficios mensuales a empleados y sus familiares cuando se retiran o sufren incapacitación. El monto de los beneficios se basa en el nivel del salario del beneficiario y sus correspondientes contribuciones durante los años que ha trabajado en su vida. Los beneficios mensuales se pagan a partir de los 62 años (con beneficios reducidos) o a las personas incapacitadas de cualquier edad. Los beneficios plenos para personas retiradas en la actualidad comienzan a pagarse a los 65 años de edad. El pago mensual promedio para los retirados es de alrededor de $900.00.

El sistema se contempla como un programa de "pago gradual" en que los empleados en la actualidad pagan por los beneficios de los que se encuentran ya retirados. Desde que se creó el programa en la década de 1930, como parte del "Nuevo Trato" del Presidente Franklin Roosevelt, el sistema ha podido mantener su filosofía financiera, pero debido a la desproporción de población de edad avanzada actualmente en el país y la anticipción de que habrá mucho más personas retiradas de la generación de "baby boomers" de los años 50, muchos concuerdan en que llegará el momento en que se necesitarán ingresos adicionales para poder pagar los beneficios a los niveles actuales.

El argumento nacional se relaciona con el "cuándo" y "cómo" . La mayoría de los estadounidenses tienen sus dudas sobre el uso del término "crisis" que emplea el gobierno de Bush y temen que las soluciones afecten el nivel de beneficios que reciben en la actualidad. Al escuchar sobre esas dudas, el Congreso controlado por los republicanos se ha mostrado renuente a actuar muy rápido en lo referente a la reforma. El líder de la mayoría en el Senado, Bill Frist (R-TN), ha dicho que puede que el Senado no cumpla con la fecha límite de fin de año impuesta por Bush para su proceso de aprobación de legislación relacionada con esas reformas.

El sistema de Seguro Social se denomina el "tercer carril" de la política estadounidense, la barra electrificada con el anuncio de "peligro" que provoca la muerte política de todo el que la toca. Los conservadores siempre han querido desconectar la fuente de poder, mientras que los liberales siempre han preferido "aumentar la cantidad de energía". Los votantes han aprendido a entender el Seguro Social como un programa de ayuda que el pueblo ha pagado y el gobierno tiene la obligación de proteger.

Entre las propuestas del Presidente Bush para un arreglo a largo plazo está el permitir a 118 millones de jóvenes trabajadores diferir tanto como un 4% de sus ingresos para el Seguro Social hacia "cuentas privadas" que se usen para invertir en portafolios de acciones administrados por el gobierno, pero permitiendo a los individuos escoger entre distintas estrategias de inversión con varios niveles de riesgo. A su edad de retirarse, los ahorros acumulados se ponen a disposición del dueño de la cuenta para que los administre y , si lo desea, puede optar por dejar esos bienes a sus herederos como patrimonio personal, una opción que en la actualidad no existe con los beneficios mensuales del Seguro Social.

Sus recomendaciones para la reforma están enfrentando seria oposición por parte de los que acusan al gobierno actual de no favorecer ideológicamente el sistema y de querer gradualmente hacerlo desaparecer. El Partido Demócrata se opone firmemente al plan de Bush. Su solución al problema de los ingresos del sistema es elevar el "máximo" de $90,000 en la cantidad de ingresos que quedan sujetos a pagos de impuestos para el Seguro Social. Al hacer esto, dicen, el sistema podría auto-financiarse durante las próximas 6 década o más.

Hasta la fecha, la opinión pública no ha estado de acuerdo con la idea de las cuentas privadas. Una encuesta de opinión pública de Pew Research que se dio a la publicidad el miércoles, puso de manifiesto que el apoyo del público al concepto está mermando. El segmento de estadounidenses que favorecen esas cuentas privadas se redujo de un 46% en la última encuesta, cuando era un 54% en diciembre y un 58% en septiembre.

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El miércoles, el Senador Joseph R. Biden (D-DE) descuartizó la reforma del Seguro Social de Bush y el concepto de las "cuentas privadas como un intento por parte de los conservadores de comenzar el proceso de desintegración del sistema. No es cuestión de la solvencia del Seguro Social", dijo a un reportero del Sistema de Radiodifusión Pública (PBS), "se trata de su propia existencia. Están tratando de acostumbrarnos a no contar del todo con el sistema del Seguro Social".

El Instituto Cato, el grupo de análisis político ultra-conservador en Washington, acepta ser la fuerza pionera detrás de la reforma del Seguro Social a través de las cuentas de retiro personales. Según Michael Tanner, que encabeza el proyecto del Seguro Social en el Instituto Cato: "Esta es la culminación de 25 años de estudio sobre este tema…. Las cuentas de retiro personales son un concepto cuyo momento ha llegado".

La idea de las cuentas privadas está siendo ridiculizada por los que se oponen al proyecto indicando que representa un nivel de riesgo muy alto para el inversionista y cara para el gobierno ya que las cantidades que se extraigan del fondo principal tendrían que ser sustituidas con fondos del gobierno; algunos cálculos son de $2 mil millones de millones en un período de 10 años lo que se necesitaría para lograr la transición a las cuentas privadas.

Uno de los principales críticos del plan del Presidente ha sido la Asociación Estadounidense de Personas Retiradas (AARP), cuya Presidente, Marie Smith, recientemente desafió al gobierno de Bush a buscar alternativas a las cuentas privadas. "El Seguro Social es el único beneficio vitalicio garantizado, a prueba de inflación, con que cuentan millones de trabajadores en la actualidad y en el futuro. En momentos en que las cifras del déficit nacional ya han alcanzado niveles sin precedentes, no tiene sentido alguno", dijo Smith a un grupo en Oregon, añadiendo que el gobierno auguró el mes pasado que el déficit federal alcanzaría un récord de $427 mil millones antes del final del actual año fiscal.

La renuencia del Congreso de dar curso a legislación de reforma ha aumentado la resolución del Presidente a vender la idea de las cuentas privadas al pueblo estadounidense. En un artículo que se publicó ayer en el Washington Post se informó que la Casa Blanca anunció "planes de aumentar sus esfuerzos ejerciendo presión a los legisladores para que actúen enviando al Presidente, al Vicepresidente Cheney y a otros altos funcionarios del gobierno a participar en 60 actividades en el curso de 60 días".

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