Dijo que iba a consolidar y elimina agencias del gobierno, establecer la congelación de contrataciones, comenzar un programa de jubilación anticipada y eliminar los subsidios para las corporaciones públicas como el servicio público de suministro de agua, que ha supuesto una sangría de unos $200 millones anuales.

El Gobernador también presentó los planes para diversas iniciativas de desarrollo económico, infraestructura, educación y seguridad pública con el objetivo de mejorar el clima comercial y la calidad de vida de los residentes comunes y corrientes.

Se trató de un sincero intento de dar un tono positivo en un entorno sombrío por parte de un gobernador reciente que a penas había logrado el cargo y que se estaba dirigiendo a una Legislatura controlada por la oposición, el Partido Nuevo Progresista.

Los legisladores del Partido Nuevo Progresista y del Independentista Puertorriqueño se quejaron después de que el discurso había sido largo en promesas pero corto en detalles y que, al final, resultó ser un anticipo del discurso de Acevedo Vilá sobre el presupuesto, previsto para la semana próxima.

Tal como se quejaron los legisladores del PIP y del PNP, el discurso dio lugar a más preguntas que las que contestó.

Hay que concederle al gobernador que reconoció la lúgubre situación, diciendo que durante 20 años el gobierno central había estado gastando más de lo que recaudaba. El Gobernador dijo que congelaría los cargos, eliminaría "los puestos con contratos temporales o irregulares", proporcionaría incentivos para la jubilación anticipada, eliminaría o reduciría los subsidios a las corporaciones públicas y daría apoyo al Sistema de Jubilación de Empleados del ELA, que tiene una deuda no consolidada cercana a los $11 mil millones.

Pero la receta de Acevedo Vilá para la curación no fue más concreta de lo que ha estado diciendo desde que anunciara en diciembre las recomendaciones contenidas en el informe final de su comité de transición, el cual fue el primero en abordar el alcance de la desastrosa situación en que se encuentran las financias del gobierno estatal.

"Lucharemos de forma agresiva contra la evasión de impuestos por parte de las empresas y las personas físicas, eliminando exenciones, descuentos, deducciones y créditos fiscales que no estén justificados y que dan lugar a la evasión de impuestos", dijo Acevedo Vilá, añadiendo que el establecimiento de una verdadera reforma tributaria podría tardar hasta dos años.

Pero continuó callado respecto a un impuesto sobre el consumo que según la mayoría de los expertos, es el mejor modo de proporcionar algún alivio a la clase media asalariada, eliminar el impuesto del 6,6 por ciento sobre bienes de consumo específicos y tantear la enorme economía sumergida de la isla. De nuevo, Acevedo Vilá pospuso el tema hasta el próximo mes cuando el comité que nombró para elaborar un borrador de recomendaciones para la reforma tributaria presente sus hallazgos.

Lo más concreto que llegó a decir fue que cualquier medida de reforma tributaria debería formar parte de una amplia reforma tributaria, atacar la evasión de impuestos, proporcionar justicia a la clase media asalariada, promocionar el desarrollo económico y generar suficientes ingresos para el gobierno.

Pero al no comentar directamente la solución más lógica, menoscaba la postura que él mismo puso de manifiesto de que está dispuesto a tomar decisiones duras para resolver los problemas. Un impuesto sobre las ventas probablemente resultaría enormemente impopular, y el gobernador pagaría un precio político por promulgarlo, tras haber hecho campaña de forma tan vehemente contra las propuestas del PNP a favor de hacerlo.

Pero no es solo el PNP el que ha pedido un impuesto sobre el consumo, si no que también lo ha hecho un amplio estudio llevado a cabo por la administración Calderón. La anterior gobernadora Sila Calderón había dicho antes de las elecciones de noviembre que el siguiente gobernador tenia la " obligación moral " de promulgar el impuesto sobre el consumo y otras medidas delineadas en el informe de $4 millones.

Además, aunque el gobernador esbozó modestas mejoras en el sistema escolar de la isla — mejorando los puntajes estandarizados de los exámenes en un 20 por ciento y reduciendo la tasa de fracaso escolar a un 30 por ciento, ni Acevedo Vilá ni su secretario de Educación, comentando el discurso con los reporteros, mencionaron otro estudio multimillonario encargado por Calderón, que demandaba una completa reforma de la abultada burocracia escolar. En su lugar, se propuso una legislación para recortar las vacantes de maestros y el fracaso escolar.

En el aire quedaron preguntas no solo sobre cómo pensaba el gobierno afrontar el déficit presupuestario y poner al ELA en una mejor posición financiera a la larga, si no sobre cómo iba a pagar la administración la lista de iniciativas que Acevedo Vilá había enumerado en su discurso.

Además de una mayor inversión en educación, la administración promete modernizar las agencias para el cumplimiento de la ley de Puerto Rico, ofrecer millones en incentivos a las pequeñas empresas, emprender enormes proyectos de infraestructura, como el megapuerto de Ponce, replanificar la base naval de Roosevelt Roads y ampliar el Tren Urbano.

Según los asesores económicos de La Fortaleza, se espera que gran parte de la inversión provenga del sector privado. Pero el clima de inversión no es tan rosado como para creer que será fácil lograr que ocurra.

Precisamente esta semana, Hewlett Packard anunció el despido de cientos de trabajadores de su planta de Aguadilla y el traslado de su línea de producción a Asia. Dos días después, un proveedor local de HP dijo que se vería forzado a despedir a montones de trabajadores debido a la pérdida del contrato.

Si el discurso del miércoles por la tarde pretendía crear expectación ante su mensaje presupuestario de la semana próxima, Acevedo Vilá logró su objetivo. En su próximo discurso tendrá que empezar a responder a algunas de las preguntas pendientes respecto al rumbo que quiere que tome el gobierno del ELA.