Click here to see this page in English.

26 de julio de 2002
Copyright © 2002 PUERTO RICO HERALD. Todos los derechos reservados.

Esta semana se celebra el aniversario de 50 años desde la proclamación del Gobernador Luis Muñoz Marín de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A continuación ofrecemos el tercero de una serie de tres artículos.

Para leer : "Parte I: Establecimiento de la Constitución del Estado Libre Asociado, 1950-1953", active aquí.

Para leer: "Parte II: ‘Mejorando’ el Estado Libre Asociado, 1959-1976", active aquí,

Part III: El Congreso y la búsqueda de un status permanente, 1989-2002

En última instancia, todo recae sobre el Congreso de los Estados Unidos.

Todos los factores claves en la vida política de Puerto Rico han surgido a raíz de acciones tomadas en el Congreso de los Estados Unidos. La actual Constitución del Estado Libre Asociado en la isla fue autorizada mediante una ley federal en 1950 y aprobada (con cambios) por el Congreso en 1952; muchos otros derechos y privilegios, incluyendo la ciudadanía de los Estados Unidos por nacimiento, excenciones contributivas federales, una legislatura local bicameral, y un gobernador electo por el pueblo, se otorgaron y establecieron mucho antes de la Constitución.

El Congreso de los Estados Unidos ejerce autoridad sobre Puerto Rico bajo el Artículo IV, Sección 3, cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que el "Congreso tiene poder para disponer y llevar a cabo todas las reglas y regulaciones necesarias en relación con territorios u otras propiedades de los Estados Unidos."

Por lo tanto, durante 100 años los puertorriqueños han estado pidiendo al Congreso que actue en beneficio de Puerto Rico, y al menos la mitad de ese plazo, el asunto central en Puerto Rico ha sido su status o cómo definir una relación política permanente entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Ya para 1945, Luis Muñoz Marín, por mucho tiempo proponente de la independencia para Puerto Rico, y quien poco después habría de ser electo el primer Gobernador de la isla, le pidió a Washington que presentara a los residentes de Puerto Rico las opciones viables para un status permanente.

Desde 1952, las tres opciones que han gozado de mayor popularidad en la isla han sido (1) una versión mejorada del acuerdo del Estado Libre Asociado, (2) unión permanente con los Estados Unidos como un estado, y (3) la independencia. Sin embargo, durante años, el Congreso de los Estados Unidos ha mantenido silencio en torno a la validez de esas opciones y se ha mostrado renuente a establecer un proceso mediante el cual Puerto Rico pueda determinar una de ellas como un status permamente.

En 1989, los tres partidos políticos en Puerto Rico notificaron al Congreso que "el pueblo de Puerto Rico deseaba ser consultado respecto a su preferencia en torno a su status político final". Ese pedido fue seguido de una década de debates en el Congreso y referendums locales que llevaron a Puerto Rico más cerca que nunca al logro de un proceso aprobado por el Congreso para su auto-determinación política.

Como resultado del pedido puertorriqueño, se introdujeron en el Congreso varios proyectos de ley que pudieron haber creado las bases para un plebiscito sobre el status para fines de 1991. La Ley del Referendum de Status en Puerto Rico incluía una detallada descripción de las tres opciones del status, un itinerario para la celebración del plebiscito, y un plan para la ejecución del status que ganara la mayoría de los votos. Ese proyecto no sobrevivió el proceso de evaluación en comité del Congreso. Otro proyecto de ley, la Ley para la Auto-Determinación de Puerto Rico, se introdujo por primera vez en 1990 con propósitos similares, pero fue mucho menos claro con respecto a la definición de opciones o la autoridad final que tendría el plebiscito; simplemente prometía considerar la opción que ganara en una votación auspiciada localmente. Este proyecto tampoco logró recibir aprobación.

Sin guías federales, el gobierno de Puerto Rico prosiguió a celebrar un referendum a fines de 1991 que proponía una serie de enmiendas a la Constitución del Estado Libre Asociado, todas relacionadas con el status. Una enmienda particularmente controvertida estipulaba "el derecho a elegir un status sin subordinación colonial o territorial a los derechos plenos del Congreso". El referendum fracasó, 53% contra 46%.

En noviembre de 1992, el Presidente George H. W. Bush formuló un abrupto cambio en la política de la Casa Blanca con relación a Puerto Rico. Revocó un memorandum de 1961 del Presidente Kennedy que reconocía la "posición única" de Puerto Rico de auto-gobierno, reiterando el status territorial de la isla e indicando la necesidad de un proceso de auto-determinación. La voluntad de los residentes de Puerto Rico, escribió, "deben tomarse en cuenta periódicamente a través del derecho general de un referendum o consultas específicas bajo el auspicio del gobierno de los Estados Unidos o la legislatura de Puerto Rico". Más aún, el Presidente Bush indicó su preferencia de status requiriendo que en lo consiguiente la isla se tratara "administrativamente como si fuera un estado".

El recién electo Gobernador en Puerto Rico, promotor de la estadidad, Pedro Rosselló, acogió la oportunidad para obtener la estadidad para la isla y anunció un plebiscito para noviembre 14, 1993. La opción del Estado Libre Asociado con propuestas mejoras en el futuro ganó con un 48.6% de los votos, seguida de la estadidad, por un estrecho margen de 46.3%, y la independencia obtuvo sólo 4.4% de los votos.

El plebiscito de 1993 puso de manifiesto dos serias fallas en la idea de la celebración de un plebiscito sobre el status de Puerto Rico bajo auspicio local. Primero, el Congreso de los Estados Unidos no estaba obligado de forma alguna a ejecutar la opción ganadora, ni siquiera a responder a los resultados del voto. Segundo, si bien la estadidad y la independencia se auto-definen y están basadas en las definiciones de auto-determinación de las Naciones Unidas, se requiere una acción del Congreso para definir el Estado Libre Asociado, que es un status mucho más ambiguo basado en un acuerdo mutuo entre San Juan y Washington.

Consiguientemente, el Congreso no tomó acción alguna para elaborar la opción ganadora en el plebiscito. Todo lo contrario. El Representante Don Young (R-Alaska) introdujo un proyecto de ley a la misma vez en la Cámara de Representantes y en el Senado poniendo en duda la validez y legalidad de lo que en esos momento se designó como "la mística opción del Estado Libre Asociado". Según el Representante Young, mejoras al Estado Libre Asociado conferiría a los residentes en Puerto Rico "los beneficios federales de ciudadanos de los Estados Unidos que viven en los estados, pero sin las correspondientes responsabilidades". Eso no era "una alternativa económica o políticamente viable" al actual auto-gobierno, ni siquiera era una opción "constitucionalmente viable".

Cuando el Partido Republicano obtuvo control del Congreso de los Estados Unidos en las elecciones de 1994, Don Young se convirtió en el Presidente del Comité de Recursos de la Cámara de Representantes, que tiene a su cargo la administración de Puerto Rico y otras posesiones de los Estados Unidos. Por ende se convirtió en la fuerza motriz tras la Ley del Status Político de los Estados Unidos-Puerto Rico, que se conoce popularmente como el proyecto de ley Young, que fue lo más que se ha acercado a la designación de un proceso de auto-determinación para Puerto Rico a través de cualquier otra medida legislativa en el Congreso, antes y desde entonces.

El proyecto de ley Young fue motivado, por un lado por el reconocimiento de la necesidad de Puerto Rico de contar con un proceso de auto-determinación a tiempo para la celebración del centenario de la Guerra Hispano-Americana en 1998, cuando Puerto Rico fue cedido a los Estados Unidos. Por otro lado, los republicanos conservadores que controlaban el Congreso querian revisar el actual escenario en que los residentes de Puerto Rico reciben subsidios federales, incentivos empresariales y asistencia gubernamental, sin tener que pagar impuestos federales.

El proceso de status que instituía el proyecto de ley Young se inspiró en las tres opciones que las Naciones Unidas reconocen como status permanentes: estadidad, independencia e independencia en libre asociación. Fue de vital importancia que la opción del Estado Libre Asociado se definió como territorial, un status no permanente, sin la posibilidad de lograr ninguna de las mejoras que durante años han formado parte de la plataforma del Partido Popular Democrático que apoya el Estado Libre Asociado. De hecho, según el proyecto de ley Young, un voto por el Estado Libre Asociado no hacía mas que iniciar un ciclo de futuros plebiscitos que tendrían que celebrarse en la isla en forma periódica.

Sin embargo, contrario a las críticas formuladas en ese entonces, el proyecto de ley Young no fue un mero frente de la estadidad. Numerosos conservadores en el Congreso — que todavía no habían descubierto el poder del voto hispano — se preocupan ante la posibilidad de admitir un estado de habla hispana a la unión e incorporaron una medida designando al inglés como "el idioma de mutua comprensión" en los Estados Unidos, provocando dudas en Puerto Rico en torno a la protección del idioma y cultura de la isla en caso de obtenerse la estadidad.

El proyecto de ley Young fue aprobado por la Cámara de Representantes pero nunca llegó a un voto en el Senado. No obstante, constituye hasta la fecha la declaración más clara de la actitud del Congreso en torno a las distintas opciones disponibles a los residentes en Puerto Rico.

En 1998 el Gobernador Rosselló decidió proseguir con un plebiscito de status a pesar de no existir un mandato federal para el mismo. Las opciones incluyeron las cuatro incluidas en el proyecto de ley Young, más una quinta, "ninguna de las arriba mencionadas", que se requería incluir según las estipulaciones de las leyes locales.

En ese plebiscito, 46.5% de los votantes optaron por la estadidad, con ninguna de las otras opciones recibiendo más de 2.5% de los votos. El Estado Libre Asociado, según lo definió el Congreso, recibió sólo 0.1% de los votos. Sin embargo, 50.2% de los votantes registraron "ninguna de las arriba mencionadas". (Según una encuesta Zogby se determinó que sólo 37.3% de esos votantes favorecían "otra definición del Estado Libre Asociado", mientras que el resto emitió un voto de protesta en reacción a toda una serie adicional de asuntos). Sin la aprobación del Congreso, otro esfuerzo plebiscitario había concluido en confusión, falta de visión y estancamiento.

Muy poco ha cambiado en las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico desde el plebiscito de 1998. El Congreso y la Casa Blanca se han hecho eco en repetidas ocasiones de los temas incluidos en el proyecto de ley Young, pero sin tomar acciones concretas. En 1999, la muerte accidental de un trabajador civil en Viequez dio inicio a una serie de protestas contra los bombardeos de la Marina de los Estados Unidos en esa isla ubicada en la costa este de Puerto Rico. Sila Calderón, en ese entonces Alcalde de San Juan que favorecía el Estado Libre Asociado, logró una decidida victoria en la elección para Gobernadora en la isla en el 2000 prometiendo obligar a la Marina a salir de Viequez. Sin embargo, sin poder alguno sobre los asuntos federales, y con sólo un representante sin voto ante el Congreso de los Estados Unidos, la Gobernadora Calderón no ha podido tener éxito. Actualmente, la Marina puede o no decidir partir de Viequez para mayo del 2003, pero el gobierno de Puerto Rico no tendrá autoridad alguna sobre esa decisión.

Hoy existe muy poco acuerdo entre Washington y San Juan sobre si se debe celebrar o denigrar el aniversario de los 50 años de la Constitución del Estado Libre Asociado, a pesar de que todo el mundo parece estar de acuerdo con que la situación existente no es aceptable. Mientras, la economía puertorriqueña continúa empeorando, se están evaporando los incentivos de excención contributiva a las empresas, asuntos como el futuro de la Marina de los Estados Unidos en Viequez siguen sin resolverse, y los 3.8 millones de ciudadanos de los Estados Unidos que viven en Puerto Rico se encuentran privados de su derecho al voto y la auto-determinación que les corresponde bajo la ley internacional, imperantes morales y los principios de la democracia de los Estados Unidos.