Ninguno de los 50 estados toleraría
un campo de tiro tan cercano a una población.
La representación ante el
Congreso de cualquier estado se aseguraría que este tipo
de operación cesase. Pero Puerto Rico no es un estado;
su gobernador y su delegado no electivo ante la Cámara
de Representantes deben emplear en cambio la persuasión.
Es hora de que la Marina de Guerra
interrumpa los ejercicios de fuego vivo o los mude a un lugar
más seguro.
Y también es hora de que el
Congreso establezca un proceso neutral por el cual los puertorriqueños
puedan decidir si están listos para la estadidad, con
las ventajas y responsabilidades que ésta implica. CHRISTIAN
SCIENCE MONITOR
|